Rebeca Marín
No es un grito desesperado, pero sí un llamado de alerta. No es una consigna pública, pero sí una advertencia que pretende capturar a millones. Los empresarios buscan incidir, de alguna forma, en las elecciones intermedias.
No se trata propiamente de una campaña, pero sí de una intentona para remover conciencias, convencer de que la llamada cuarta transformación significa una condena, aspirar a un golpe de timón ya.
La comunidad empresarial, como el resto del tejido social, no es evidentemente un grupo homogéneo, por lo que las generalizaciones resultan inexactas, irresponsables, injustas, pero las experiencias vividas durante el primer tramo de la administración de Andrés Manuel López Obrador han alimentado una voz coincidente entre buena parte del ecosistema de negocios: el presidente no quiere al sector privado, no ha hecho ni hará nada para su desarrollo, su apuesta es el absolutismo.
Líderes empresariales sostienen que el mandatario mantiene más vivo que nunca el recuerdo de la campaña de 2006, cuando se le calificó como "un peligro para México", por lo que está decidido a operar para que su partido mantenga la mayoría en el Congreso y así pueda endurecer su postura frente a la iniciativa privada. Pero, eso, para varios empresarios es inaceptable.
Hoy, hay empresarios cerca de think tanks que monitorean el curso de las políticas públicas y, cuando se detecta alguna falla, contribuyen en la conformación de una narrativa crítica hacia el gobierno actual.
También, empujan a que los candidatos de oposición consigan algo de relevancia frente a un electorado que los observa como más de lo mismo. Pero su principal lobbying está al interior de sus empresas.
No se trata de circulares, sino de una narrativa que pretende destacar las consecuencias de políticas emprendidas por la llamada cuarta transformación; desempleo, pobreza, amenazas a la propiedad privada, incertidumbre jurídica. Así, cuando el contexto está bien sembrado, viene el llamado a votar, a razonar entre lo que se percibe como el vacío o una dinámica que permita recuperar lo perdido.
"La IP tiene la obligación social de no quejarse, pero sí de advertir que las cosas no están bien. Hay escepticismo y la misión es hacer todo lo que sea necesario para evitar el absolutismo.
Yo no hago campaña con mi gente, pero si alguien me pregunta contesto esto", confiesa un empresario que pide no ser identificado. ¿Fructificará su plan?
Las cartas del sector privado van más allá de eso. No lo olvidemos: no todos los empresarios son iguales y sus intereses no son los mismos.
Así, pase lo que pase el 6 de junio, los empresarios cercanos al poder seguirán su propio juego, otros invertirán en mercados con mejores condiciones y aprovecharán la brutal reactivación económica de Estados Unidos.
Es un hecho: no hay forma de que los empresarios se constituyan en un factor de equilibrio frente al poder político, sus organismos harán su mejor labor, pero las expectativas no alcanzan para que se unifiquen.
Así, para sobreponerse a la circunstancia, tres objetivos saltan a la vista: El primero ya está dicho; evitar que el Congreso vuelva a caer en manos de Morena.
El segundo -visibilizado por empresas pequeñas y medianas, y nacionales-, será tomar decisiones basadas en la reactivación de la demanda y en las nuevas leyes relacionadas con el control en áreas estratégicas y con la reforma hacendaria.
El tercero -dedicado a empresas globales y mexicanas con altos volúmenes de exportación- radicará en aprovechar el dinamismo de la economía estadounidense para mantener aquí sus posiciones de inversión y empleo.
Las conversaciones de las cúpulas con el gobierno se mantendrán, se necesitan para transitar en este mundo globalizado, pero no dejarán de ser tensas y difíciles. Este año, de una u otra manera, no se registrará un mayor retroceso en el desarrollo económico y habrá un balance muy modesto del PIB. Como sea, las elecciones son el punto de inflexión. Los empresarios ven otro (fatal) escenario.
Si Morena no logra la mayoría calificada y absoluta en el Congreso, no descartan que el presidente recurra en su segunda mitad de gestión a los decretazos , a las decisiones ejecutivas que no requieran de la venia del Congreso y le permitan preservar el propósito y principios de su modelo de país.
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