Martín Aguilar
Autoridades de Chiapas agredieron y rodearon a un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, que exigen la liberación de 19 de sus compañeros que fueron vinculados a proceso por la toma de una caseta.
En su cuenta de Facebook, los estudiantes denunciaron la agresión por parte de la policía y compartieron videos en los que se observa a los oficiales arrojando gas en su contra.
"¡¡Alerta!! Represión en estos momentos a los estudiantes de la escuela normal rural Mactumactzá, a los padres de familia y los desplazados de Chenalhó", escribieron.
La manifestación se realizaba en las instalaciones de la Escuela Normal Rural Mactumactzá.
Los estudiantes ingresaron a la escuela para resguardarse de los gases rociados por las autoridades, sin embargo, en otro video, se ve cómo desde afuera continúan siendo agredidos.
"Vean cómo es que nos atacan, dentro de las instalaciones, es nuestra institución", dice el estudiante que grabó el video, antes de comenzar a toser por culpa de los gases.
En otro clip, una estudiante acusa al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, de ordenar este tipo de operativos.
En tanto, el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, que brinda apoyo legal a los estudiantes, acusó a la Policía Estatal de cometer los actos de represión.
Según la organización, los policías dispararon gases lacrimógenos y balas de goma contra los estudiantes, contingentes de apoyo y algunos padres de familia.
"Mientras que las y los estudiantes se defienden con los medios a su alcance contra la represión, armando algunas barricadas en la zona", dice el centro en un breve mensaje.
El Centro Tlachinollan hace un llamado para apoyar a los normalistas y no cesar las protestas hasta que se libere a los 19 estudiantes vinculados a proceso, y se quiten los cargos contra los otros 76 compañeros que ya fueron liberados.
El pasado 18 de mayo, 93 estudiantes normalistas fueron detenidos cuando realizaban la toma de una caseta para exigir que la convocatoria de nuevo ingreso del examen profesional fuera de manera presencial en el estado.
Días después, 74 de ellos quedaron en libertad y los otros 19 permanecieron detenidos.
El 25 de mayo, un juez del estado decidió vincularlos a proceso y otorgar prisión preventiva oficiosa, bajo el argumento de que obstruyeron "de manera violenta" el libre tránsito de los vehículos.
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