Rebeca Marín
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) analiza el inicio de nuevas auditorías al ejercicio de recursos públicos federales como parte de la fiscalización de las cuentas públicas de 2019 y 2020, a raíz de once denuncias por supuestas irregularidades.
La ASF reportó, con corte al 31 de marzo pasado, la recepción de 17 denuncias, dos referentes a casos con revisión en curso dentro del Programa Anual de Auditorías para la fiscalización superior de la cuenta pública 2019; cuatro acusaciones no cumplieron con los requisitos establecidos en la ley y once más están en análisis técnico jurídico para dictaminar el inicio o no de las auditorías correspondientes.
Entre los asuntos denunciados están presuntas fallas en la compra de medicamentos, insumos y contratación de servicios de Salud durante 2020, el año de la pandemia, por lo que en las querellas se pidieron auditorías especiales a las secretarías de Salud, de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar), además del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Respecto a la cuenta pública 2019 se denunció al IMSS, ISSSTE, la Sedena y Semar por el caso del procedimiento de adjudicación directa para la compra de 20 ventiladores respiratorios, caso en el que estuvo involucrada la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett, hijo del titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz.
De acuerdo al informe de la ASF sobre la solventación de observaciones y acciones promovidas a las entidades fiscalizadas entregados a la Cámara de Diputados y con corte al 31 de marzo, aún podría ampliarse el programa anual de auditorías en curso, derivado de la recepción de querellas.
Entre estas, se denunció y solicitó auditoría al Banco del Bienestar por presuntas irregularidades en detrimento de los recursos públicos federales durante 2019. Existen dos acusaciones por supuestas anomalías en la aplicación de recursos a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) por la licitación pública nacional para la rehabilitación del Centro de Salud 'La Venta' y diversas instalaciones deportivas en el municipio de Acapulco, Guerrero.
Entre los asuntos denunciados están presuntas fallas en la compra de medicamentos, insumos y contratación de servicios de Salud durante 2020, el año de la pandemia, por lo que en las querellas se pidieron auditorías especiales a las secretarías de Salud, de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar), además del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Respecto a la cuenta pública 2019 se denunció al IMSS, ISSSTE, la Sedena y Semar por el caso del procedimiento de adjudicación directa para la compra de 20 ventiladores respiratorios, caso en el que estuvo involucrada la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett, hijo del titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz.
De acuerdo al informe de la ASF sobre la solventación de observaciones y acciones promovidas a las entidades fiscalizadas entregados a la Cámara de Diputados y con corte al 31 de marzo, aún podría ampliarse el programa anual de auditorías en curso, derivado de la recepción de querellas.
Entre estas, se denunció y solicitó auditoría al Banco del Bienestar por presuntas irregularidades en detrimento de los recursos públicos federales durante 2019.
Existen dos acusaciones por supuestas anomalías en la aplicación de recursos a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) por la licitación pública nacional para la rehabilitación del Centro de Salud 'La Venta' y diversas instalaciones deportivas en el municipio de Acapulco, Guerrero.
La Sedatu también fue denunciada por la presunción de malos manejos en el procedimiento de adjudicación directa con excepción a la licitación pública de la obra "Proyecto de remodelación del Parque Papagayo", también en Acapulco, obra ejecutada en 2019 con recursos públicos federales.
Esa dependencia federal recibió una denuncia adicional por fallas en la licitación pública nacional bajo la modalidad de precio alzado y a tiempo determinado para la etapa dos de ese mismo parque, realizada en 2020. Otras entidades de carácter federal fueron responsabilizadas de malos manejos.
Es el caso del Consejo nacional para el desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad, por el ejercicio de 2014 a 2020, en que se acusan supuestas anomalías en la contratación, ejecución de obras, servicios públicos y adquisición de bienes.
También, respecto al ejercicio 2019, se solicitó investigar la gestión financiera del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) por dudas sobre la aplicación de recursos públicos federales, razón por la que se pidió fincar las responsabilidades administrativas y penales a que haya lugar.
En tanto, la ASF recibió una denuncia más contra la Sedena pero por el supuesto ejercicio anómalo de recursos y celebración de contrataciones durante 2016 y hasta 2018. La ASF también recibió denuncias y petición de auditorías al manejo del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun-DF).
El primer caso, por la adjudicación y contratación para la renovación del alumbrado público en diferentes zonas de San Luis Potosí. También se solicitó la revisión de fondos ejercidos por el comité de adquisiciones del municipio de Aguascalientes, por la "presunta malversación de recursos".
Presuntas irregularidades en el ejercicio de recursos del Fortamund-DF, pero durante 2020, también fueron señaladas en el municipio de Macuspana, Tabasco.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) recibió un señalamiento respecto a la cuenta pública de 2019 "por presuntos actos u omisiones que pudieran constituir faltas administrativas", respecto al procedimiento de licitación pública nacional para la modernización y obras (terracerías, drenaje, estructuras, pavimentos, señalamientos) en tramos carreteros rumbo al municipio de Valles, en San Luis Potosí.
El ejercicio de recursos en diversos municipios de Oaxaca también fue cuestionado. Así, se solicitó una auditoría por la presunta falta de comprobación de recursos públicos asignados de 2017 a 2020 al municipio de Huautla de Jiménez, en ese estado, y se acusó presunto manejo y regular de recursos públicos en el municipio de Asunción Nochixtlán.
Por el supuesto manejo ilícito de dinero del ramo 33 se acusó al municipio oaxaqueño de Santa Lucía del Camino, en Oaxaca, y por eso se analiza aún la eventual revisión a la gestión financiera durante 2019.
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