Rebeca Marín
Hay al menos 120 amparos interpuestos en contra de los cambios a la reforma a la ley de la industria eléctrica (LIE), además de un acto de inconstitucionalidad promovido por los senadores de oposición, por lo que camino aún es largo para su definición y mientras persiste el daño en el ambiente para la inversión, afirmó el presidente de la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Roger González.
"Son más de 100 amparos, 120 si no mal recuerdo. Ya han sido aprobados muchos de suspensión provisional, pero también hay muchos de suspensión permanente", detalló este miércoles.
El directivo reconoció que es una pérdida de tiempo porque el sector privado no busca involucrarse en asuntos legales, sino lo que le urge es aplicar sus inversiones para construir la infraestructura que necesita México.
El punto al que se ha llegado de declararse una ley, aunque probablemente sea declarada inconstitucional, ya ha provocado daños en el terreno de las inversiones y la incertidumbre sobre la definición legal de la operatividad seguirá, destacó Roger González.
Expuso que el proceso legal es largo y con varias reglas según los votos que se obtengan si el asunto llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Agregó que las empresas se están amparando en lo particular por muchas razones legales, y una organización puede tener varias razones legales. Si llega a la SCJN y en su momento hay cambios y se rebaja la inconstitucionalidad del cambio en la ley, los amparos particulares pueden seguir teniendo vigencia.
Se necesitan 8 votos de los 11 magistrados que integran la SCJN para declararse la inconstitucionalidad. Si son menos de esos 8 se convierte en un precedente jurídico obligatorio, y si son tres o cuatro votos se convierte en una jurisprudencia.
"Todavía hay un largo camino desde el punto de vista legal, nacional. Falta ver con claridad las repercusiones de las demandas internacionales. Entiendo que hay varias empresas trabajando con la aprobación de sus consejos para controversias bajo los acuerdos de libre comercio que tenemos con Europa, el Traspacífico y con América del Norte", apuntó.
Todo este ambiente ya afecta la inversión porque al inversionista extranjero le es más fácil mudar sus inversiones a donde dan más facilidades para las energías limpias, como en Estados Unidos.
"Deberíamos estar preocupadisimos por crear las condiciones que el dinero no se vaya de México sólo por los cambios de política pública en materia de energía en Estados Unidos", apuntó.
También a los industriales mexicanos les preocupa que las tarifas de energía se incrementan en contra de su competitividad, además de que enfrentarán el cobro de impuestos cuando sus productos pretendan ingresar al mercado de Estados Unidos por no haber cumplido con procesos de elaboración limpios.
"Preocupa (que) se busque eliminar la competencia en el sector eléctrico. El acceso al suministro de energía confiable y a bajo costo es necesario y preocupa que la iniciativa aprobada, además de inconstitucionalidad, elimina la competencia en el sector eléctrico", aseguró Régulo Salinas, presidente de la Comisión de Energía de la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin), organismo cuyas empresas asociadas generan el 30 por ciento del PIB nacional.
0 Comentarios