Rebeca Marín
Según la agenda en la Cámara de Diputados, será el próximo 13 de abril cuando se discuta en el Pleno la reforma en materia de outsourcing.
Esto se da a conocer después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, miembros de la Iniciativa Privada y representantes del sector obrero llegaran a un acuerdo en el tema del reparto de utilidades y la regulación de la subcontratación.
Según el borrador de la iniciativa, al que tuvo acceso Grupo REFORMA, en el artículo 12 se advierte que queda prohibida la subcontratación de personal; no obstante, se permitirá la subcontratación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas que no formen parte de la actividad principal de la empresa.
Los servicios u obras complementarias o compartidas entre empresas de un mismo grupo empresarial (como el caso de los servicios de tecnología, jurídicos, o de elaboración de nóminas) también serán consideradas especializadas siempre y cuando no formen parte de la actividad preponderante de la empresa.
En el borrador de la iniciativa se incluye el tema de las modificaciones al reparto de utilidades a través de cambios al artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo.
En el mismo se adicionará la fracción VIII la cual dictará que "el monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo tres meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años; se aplicará el monto que resulte más favorable para el trabajador".
Actualmente, no hay límites para el reparto de utilidades, por lo que con las modificaciones se establecerá un tope de tres meses del salario del trabajador, pero en el caso de los trabajadores que reciben una cantidad mayor (como aquellos en la minería o la industria papelera) se tomará el promedio de la participación recibida en los últimos tres años.
Las personas físicas o morales que proporcionen los servicios de subcontratación deberán contar con registro ante la Secretaría del Trabajo (STPS).
Para obtener el registro deberán acreditar estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social, según el borrador. Este registro deberá ser renovado cada tres años.
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