Rebeca Marín
Tal como se planteó, el proyecto de decreto que reforma a la ley de hidrocarburos afectaría el proceso de competencia de la cadena de valor de los hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. Esto puede provocar una disminución en la oferta de bienes y servicios que provoque un aumento en los precios a los consumidores finales.
Por ello, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) recomendó al Congreso de la Unión no aprobar esa iniciativa en los términos propuestos.
La Cofece destacó que el marco constitucional vigente establece un régimen de competencia en la cadena de valor de este sector. Incluye a las actividades de producción, importación, transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público.
Además, señaló que para que Pemex, las empresas productivas del Estado y particulares participen en dichas actividades requieren de permisos. Estos deben otorgarse de manera expedita y no discriminatoria. Por ello, indicó que "en ningún caso, el régimen de permisos debe restringir el acceso a los interesados que cumplan con los requisitos aplicables".
El órgano antimonopolios mexicano señaló varios aspectos de la reforma a la ley de hidrocarburos que afectarían la competencia, como:
La Cofece explicó que la reforma planteada distorsiona el régimen de permisos, porque faculta y da amplia discrecionalidad a la Secretaría de Energía (Sener) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para suspender temporalmente permisos en caso de que consideren de peligro inminente para la "seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional".
Sin embargo, estos conceptos no se definen ni se establecen criterios para su clara aplicación.
Porque modifica de afirmativa a negativa ficta la resolución de las solicitudes de cesión de permisos. Esto reduce los incentivos de la autoridad para resolver las solicitudes de manera expedita. Además, impide inicialmente a los agentes económicos conocer las razones para negar
La Cofece considera que se reducirá la competencia al establecer la comprobación previa de cierta capacidad de almacenamiento requerida por la Sener para el otorgamiento de permisos.
Al respecto, explicó que requerir la comprobación previa a otorgar el permiso genera un círculo vicioso. La falta de dicha capacidad se debería a la inexistencia de permisos; y la falta de estos ante la escasez de infraestructura. Esto desalentó las inversiones en ese rubro.
Además, la iniciativa permite la revocación de permisos vigentes. Así que esto constituiría una violación a los derechos adquiridos; también, se restringiría la oferta.
Por estas razones, la Cofece recomendó al Congreso de la Unión no aprobar en sus términos esta iniciativa.
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