Martín Aguilar
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no puede presentar ante la Cámara de Diputados ninguna prueba en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, hasta que éste responda formalmente a la notificación de desafuero que le fue enviada o de lo contrario, caería en una violación al debido proceso.
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, solicitó primero que la reunión no se hiciera pública y después, posponer la exposición de la indagatoria al verificar que, hasta este momento, el gobernador de Tamaulipas no ha dado respuesta formal a la Cámara de Diputados sobre la notificación que se le envió sobre la petición de la FGR para desaforarlo.
Por lo que, sin este requisito inicial de derecho de audiencia, la UIF estaría violando el debido proceso al presentar las pruebas en su contra sin que se haya llegado a la etapa de alegatos.
Una vez que la Fiscalía General de la República ratifica la solicitud para desaforar a García Cabeza de Vaca, el panista tiene diez días para responder al Poder Legislativo y 30 días más para presentar pruebas a su favor, en ese mismo periodo, es cuando la Sección Instructora de San Lázaro tiene la facultad de solicitarle pruebas a la UIF y a la FGR.
Fue hasta esta tarde que los abogados del gobernador tamaulipeco acudieron ante la Cámara de Diputados a presentar su respuesta formal, por lo que es a partir de hoy que corre el periodo de 30 días para que el panista se defienda y las autoridades expongan sus pruebas.
Por su parte, la FGR incluso puede ampliar la denuncia presentada, pues hasta ahora, no se han considerado todos los elementos aportados por la UIF que constituyen presuntos delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal, y que ayudarían a consolidar la solicitud de desafuero.
Y es que el hilo que llevó a la UIF a descubrir el presunto enriquecimiento ilícito del gobernador panista fueron 12 propiedades en México, Tamaulipas y Texas que García Cabeza de Vaca no habría podido comprar con el sueldo íntegro de 20 años como servidor público.
El expediente exhibe 11 residencias de lujo y un terreno de más de un millón de dólares en McAllen que habrían sido adquiridos a través de un "gran esquema de corrupción para desviar recursos públicos" y con los familiares del gobernador tamaulipeco como prestanombres.
Por lo que una vez que el gobernador de Tamaulipas responda y comience la etapa de presentación de pruebas, la UIF podrá ser convocada de nuevo y expondrá la adquisición de estas 12 propiedades, los ingresos del panista que en 20 años ascienden a 21 millones 205 mil pesos y la forma en que habría triangulado recursos para adquirirlas.
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