Rebeca Marín
La empresa minera canadiense First Majestic solicitó este martes la intervención del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial ante "la negativa" del Gobierno de México de "establecer negociaciones en buena fe" para resolver una disputa fiscal.
First Majestic señaló en un comunicado firmado por su presidente y consejero delegado, Keith Neumeyer, que "a pesar de los repetidos intentos de la compañía para establecer con el Gobierno de México negociaciones de buena fe para resolver la disputa, el Gobierno se ha negado".
La compañía minera canadiense, que opera en México las minas San Dimas, Santa Elena y la Encantada para la producción de plata y oro, considera que las autoridades mexicanas están incumpliendo la normativa fiscal al reclamar a su filial en el país latinoamericano, Primero Empresa Minera (PEM), más de 500 millones de dólares en impuestos atrasados.
Según First Majestic, "las acciones del Gobierno son contrarias" a la normativa que estableció los ingresos e impuestos de PEM entre los años fiscales 2010 y 2014, normativa que es válida "hasta que sea anulada por un tribunal de última instancia".
First Majestic también acusó al Ejecutivo azteca de "rechazar participar en el Procedimiento de Acuerdo Mutuo establecido bajo tres tratados internacionales de doble imposición firmados por México".
La decisión de First Majestic de recurrir al Banco Mundial, utilizando el Capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) supondrá la creación por parte del CIADI de un panel de arbitraje que decidirá sobre la reclamación de la compañía.
En septiembre de 2020, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa de México falló en favor del Servicio de Administración Tributaria (SAT), aprobando la rescisión de un acuerdo previo que permitía a la empresa minera pagar impuestos a una tasa más baja.
En noviembre, First Majestic dijo que apelará la decisión al considerar que la resolución del Tribunal Federal era errónea, pero afirmó que seguía intentando llegar a una solución amistosa "con el Gobierno de México, incluidos canales diplomáticos de resolución" además de considerar recurrir al Capítulo 11 del TLCAN.
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