Martín Aguilar
El 18 de marzo, 13 elementos de seguridad pública y policía judicial fueron emboscados y masacrados por miembros del Cartel de la Familia Michoacana en el Estado de México, cuando hacían un patrullaje de rutina.
Ese mismo día, el cadáver de Carlos Sánchez Martínez, alias "El Cholo", narcotraficante asociado al Cartel de Sinaloa, secuestrado y torturado por la organización rival Cartel Jalisco Nueva Generación, fue abandonado a plena luz del día sentado en la banca de la plaza principal de Tlaquepaque, Jalisco, como una tétrica escultura en 'homenaje' a la violencia y brutalidad de los grupos criminales en México.
La política pública de combate al narcotráfico emprendida por el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, de "abrazos no balazos", no solo ha causado estragos palpables en las calles de México, sino que es motivo de análisis y preocupación en el gobierno de Estados Unidos, la primera potencia del mundo y el principal socio comercial de México.
Tuve acceso al Informe sobre la Estrategia Internacional de Control de Estupefacientes 2021 (INCSR por sus siglas en inglés), elaborado por el Departamento de Estado del gobierno de Joe Biden, y enviado el dos de marzo pasado al Congreso.
En él se evalúan las acciones de combate al tráfico de drogas, precursores químicos ilegales y lavado de dinero de más de cincuenta países con los que Estados Unidos tiene acuerdos internacionales para luchar contra estos delitos. De acuerdo con el reporte, actualmente México es una de las naciones en situación más crítica.
Se afirma que pese a que en 2020 la pandemia de COVID-19 prácticamente paralizó la economía del mundo, los carteles de la droga mexicanos aumentaron su producción y tráfico de drogas, sobre todo heroína, metanfetaminas y el terrible fentanilo; y multiplicaron sus operaciones de lavado de dinero en el sistema financiero mexicano.
En contraste a ese crecimiento de operaciones ilegales, el gobierno de AMLO disminuyó los decomisos de droga y precursores químicos para su producción; destruyó menos plantíos de amapola y confiscó menos bienes y dinero.
"Estos carteles representan una clara amenaza para México y la capacidad del gobierno mexicano para ejercer un control efectivo sobre algunas partes de su territorio", quedó plasmado en letras en el reporte y es palpable con casos como lo ocurrido en el Estado de México y Tlaquepaque.
Aunque en un inicio la pandemia del COVID-19 obstaculiza la actividad delictiva porque los cierres en fronteras y restricciones de viajes afectaron las rutas de tráfico y el suministro de precursores químicos, "los traficantes rápidamente adoptaron rutas y métodos alternativos, y la disponibilidad de drogas en muchas regiones alcanzó nuevos máximos históricos a finales de año", explica el INCSR.
Como los carteles mexicanos son los principales traficantes de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo hacia Estados Unidos -el país con más consumidores de droga del mundo-, las cifras del daño que causaron en el 2020 es escalofriante.
En el reporte, el gobierno de Estados Unidos revela que en todo 2019 se registraron en ese país 72 mil muertes por sobredosis. En 2020, tan solo de enero a mayo, la cifra llegó a 80 mil.
El mayor número de muertes ocurrió justo en los meses de marzo, abril y mayo, cuando la pandemia estaba en su peor fase en Estados Unidos.
De acuerdo con el documento, México se encuentra en la lista de 22 países donde ocurre la mayor producción y tráfico de drogas del planeta.
En la lista negra también se encuentran Afganistán, las Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela.
Bolivia y Venezuela, en 2020 y 2021, han sido calificados como países que de manera comprobada han fallado en cumplir los acuerdos internacionales para combatir las drogas.
México podría el tercer país que entre en la lista negra, y para el gobierno de Estados Unidos estar en esa categoría no es un juego.
En el informe al que hago referencia se considera al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, uno de los principales cómplices del tráfico de cocaína del continente americano.
"Este mes de marzo, un tribunal de EE. UU. acusó a Maduro de narcoterrorismo y conspiración para introducir cocaína. En respuesta, el Departamento de Estado ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena…"
Mayor producción de drogas y menos decomisos
De acuerdo con el diagnóstico realizado, los carteles mexicanos se han fortalecido en el último año por diversas razones.
Por un lado, existe un deficiente control de precursores químicos en México, lo que permite fabricar drogas letales como el fentanilo y contrabandearlas a los Estados Unidos.
Y, por otro lado, empresarios y comerciantes de China, que envían los elementos para la producción de drogas sintéticas, para evadir controles en este país, ahora han pasado algunos de sus laboratorios a India, y mandan a México los precursores vía África.
Aunque México tiene leyes que, se supone, controlan la entrada de precursores químicos usados para la fabricación de drogas sintéticas, "esto no ha disuadido significativamente la producción local de drogas sintéticas", se afirma en el reporte.
Y se afirma que México aún permite la libre importación y comercio de al menos tres ingredientes y sus variantes para producir el fentanilo.
Si el gobierno de AMLO no mejora sustancialmente su combate a los carteles de la droga con datos verificables, advierte el gobierno de Estados Unidos, "México corre el grave riesgo de ser considerado como un país que probadamente no cumple sus compromisos internacionales de control de drogas".
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