Rebeca Marín
Una de las propuestas más publicitadas por López Obrador ha sido la de acabar con las facultades ejecutivas que existían en los gobiernos anteriores, referentes a condonar dinero que había que pagarle al Estado mexicano.
Para tal efecto, el presidente de México expidió un decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2019, en el que asume esa obligación: "El Ejecutivo Federal se compromete a no otorgar mediante Decretos presidenciales o cualquiera otra disposición legal o administrativa, condonaciones o a eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios a grandes contribuyentes y deudores fiscales". Por "accesorios" se refiere a multas generadas por el retraso del cumplimiento con el fisco.
Luego, el 14 de agosto de 2019, envió una iniciativa de ley al Congreso de la Unión para reformar la Constitución en su artículo 28, e incluir de manera textual esta disposición. Esta reforma se incorporó al texto vigente de la Constitución el 6 de marzo de 2020, después de lograr la aprobación en 17 congresos estatales.
Si bien la modificación constitucional entró en vigor al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, el segundo transitorio otorga un máximo de un año al Poder Legislativo Federal y a los congresos estatales para armonizar las leyes secundarias que sean necesarias para que nada se contraponga al texto constitucional, lo que supondría que hasta que no se lleven a cabo estas modificaciones, el mandato constitucional correría el riesgo de, mediante una argucia legal, tener una puerta de salida a discreción de la Secretaría de Hacienda, como se menciona en los artículos 70A y 74 del Código Fiscal Federal.
Fiscalistas aseguran que, al ser las condonaciones de impuestos y contribuciones una facultad del Ejecutivo federal, con la declaración contenida en el decreto de mayo de 2019 se asume que existe el compromiso y la instrucción pública del Presidente de no realizar condonaciones, autolimitando así sus facultades, por lo que con esa instrucción, a pesar de tener el Legislativo un año como máximo para la armonización de estos artículos del Código Fiscal, entre otros, el SAT como parte del Poder Ejecutivo, no debería realizar condonación alguna.
El doctor en Derecho por la UNAM, José Luis Ripoll, explica que "por un lado se hace la reforma constitucional, queda prohibida la condonación de impuestos y por otro lado es un gobierno que condona muchísimos impuestos, justificados por que ahora se ha estimulado mediante la condonación de impuestos a muchos sectores de la economía. Pero el daño patrimonial es mayor, el que se está haciendo ahora. ¿Hay responsabilidad? Sí, el presidente está violando la propia Constitución y los mecanismos para controlar la constitucionalidad de los actos del Ejecutivo. Se está cometiendo responsabilidad administrativa del presidente, porque ya está hecha la reforma y no se debería continuar con condonaciones de tributos".
Sin embargo, ni la actual titular del SAT, Raquel Buenrostro, ni su antecesora, Margarita Ríos Farjat, "se han autolimitado" de la facultad de perdonar impuestos, como lo ha pedido expresamente el presidente López Obrador.
Se pudo establecer que un racimo de las empresas beneficiadas con la condonación de impuestos ha recibido contratos del gobierno federal. En suma, la administración de López Obrador ha canalizado más de 14 mil millones de pesos. A este privilegiado grupo se le ha permitido dejar de pagar impuestos por casi 700 millones de pesos.
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