Martín Aguilar
Las acusaciones de narcotráfico en Estados Unidos en contra de Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, se basan "en gran medida en pruebas circunstanciales, lo que reduce las posibilidades de que el Gobierno mexicano pueda llevar un caso en su contra o lo condene en un tribunal", dijeron a The Wall Street Journal personas de ambos países que conocen el caso.
Salvador Cienfuegos Zepeda fue arrestado en octubre cuando llegaba a Los Ángeles a unas vacaciones familiares. Se le acusó de aceptar sobornos a cambio de proteger a líderes del narcotráfico. México protestó contra este arresto porque nunca fue informado que el militar de alto rango estaba bajo investigación, y Estados Unidos decidió retirar los cargos y devolver al General a México.
"Los fiscales federales de Estados Unidos insistieron en audiencias judiciales y presentaciones en que las pruebas eran sólidas contra el General retirado, quien desempeñó un papel destacado en la estrategia antinarcóticos de México cuando encabezó las Fuerzas Armadas [durante el sexenio de Enrique Peña Nieto]", dice esta mañana The Wall Street Journal en una nota firmada por José de Córdoba, Santiago Pérez y Sadie Gurman.
En una carta enviada a un Juez federal después del arresto del General, "los fiscales en Brooklyn señalaron miles de mensajes de BlackBerry interceptados que, según dijeron, mostraban que el General Cienfuegos se había comunicado directamente con un líder de alto rango de un cártel, así como comunicaciones en las que se le identifica por nombre, título y fotografía como colaborador del cártel", recuerda el diario.
Agrega: "Pero personas familiarizadas con la investigación en ambos países dicen que la evidencia es principalmente circunstancial. Dicen que el informe que Estados Unidos proporcionó a México carece de evidencia directa de la participación del General retirado".
"Los investigadores estadounidenses no estuvieron de acuerdo entre sí sobre cuán persuasiva sería la evidencia en la corte estadounidense, dijeron personas familiarizadas con el asunto. A algunos agentes federales involucrados en el caso les preocupaba que la evidencia, que también incluye conversaciones telefónicas entre miembros del cártel no fuera lo suficientemente sólida como para asegurar una condena", señala el texto.
La portavoz del Departamento de Justicia, Nicole Navas, dijo que la agencia desestimó el caso debido a preocupaciones de política exterior, "no por ninguna debilidad percibida en el caso". Y añadió en un comunicado: "Si el Gobierno de México procede con su propio enjuiciamiento es una decisión que debe tomar con base en sus leyes, pero Estados Unidos siempre se reserva el derecho de reiniciar el enjuiciamiento de Cienfuegos si el Gobierno de México decide no hacerlo".
Es probable que un caso construido en gran parte sobre evidencia circunstancial tenga más dificultades para tener éxito en el sistema legal de México que en Estados Unidos, comentaron expertos mexicanos al diario. "Para que una prueba indirecta sea considerada admisible por un Juez mexicano, debe estar sustentada con otros elementos como movimientos financieros o testigos", dijo a The Wall Street Journal Ulrich Richter, un abogado de Ciudad de México que se ha desempeñado como defensor en juicios de corrupción de alto perfil.
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