Martín Aguilar
Un informe entregado al Congreso estadounidense señala que es prioritario revaluar el plan para combatir el narco; caso Cienfuegos puede mermar cooperación, advierte
Comisión sobre Política de Drogas en el Hemisferio Occidental de Estados Unidos presentó ante el Congreso, y que se espera que tenga influencia en la nueva administración y el próximo legislativo para modificar estrategias que permitan "reducir el flujo de drogas ilícitas y el daño asociado con el narcotráfico".
El informe, presentado a principios de mes ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja estadounidense, pone un énfasis muy claro en la urgencia del rediseño de una iniciativa que, 13 años después de su implementación, no ha obtenido los resultados esperados.
Sin embargo, "hay demasiado en juego como para abandonar el esfuerzo", apuntan. En un México donde abundan los muertos derivados por la violencia de los cárteles y unos Estados Unidos que cuentan por decenas de miles los fallecidos por la droga que llega desde el sur, los expertos de la comisión señala que ambos países deberían construir desde los éxitos "frágiles"; aprender de lo conseguido e iniciar un proceso en el que "los objetivos compartidos y las responsabilidades" sean "tan transparentes como sea posible".
Como ejemplo esta, el caso más reciente: la detención en Estados Unidos del exsecretario de la DefensaSalvador Cienfuegos, acusado de narcotráfico, y su posterior liberación en México sin cargos, un hecho que, advierte el reporte, "ha socavado la confianza" y "podría amenazar la colaboración en el futuro".
El análisis de los expertos señala el ineficiente resultado de los fondos estadounidenses para financiar fuerzas de seguridad y organismos judiciales mexicanos. "La asistencia de Estados Unidos debería enfocarse en instituciones federales que estén comprometidas con la reforma de la supervisión pública", señalan. Aunado a ello, urgen a las autoridades de la Unión Americana a trabajar "de cerca con autoridades locales y estatales [mexicanas] para desarrollar programas policiales y de prevención de violencia preventiva que puedan replicarse por todo el país".
Por lo que la comisión hace un llamado a un nuevo acuerdo que tenga claras métricas y objetivos, que puedan ser evaluados y corregidos a medida que se analicen periódicamente, teniendo en cuenta su impacto real y con flexibilidad suficiente como para modificar la estrategia cuando sea necesario.
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