Prepara UIF guía para detectar corruptos
Lino Calderón
A fin de cumplir lo establecido en diciembre pasado por parte de la Secretaria de la Función Pública el gobierno federal ha presionado para que la Unidad de Inteligencia Financiera aliste lo antes posible la presentación de la guía anticorrupción tiene como fin ayudar de identificar y definir quienes se han visto beneficasdos de la corrupción en los gobiernos del pasado.
Esta guía ayudaría a los casi 90,000 sujetos que realizan investigaciones anticorrupción en las 16 actividades vulnerables consideradas en la ley, a identificar y mitigar los riesgos a los que pudieran tener en operaciones con recursos obtenidos por actos de corrupción, donde se incluyen políticos y funcionarios.
El pasado 9 de diciembre de 2019 el gobierno de México, a través de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), anunciaban que iban a transparentar la ruta del dinero público hasta los "beneficiarios finales" de la corrupción a través de una plataforma que estará lista a partir de 2022.
En ese momento Irma Eréndira Sandoval, titular de la SFP, anunció que México se integraba formalmente al grupo de países que conforman los Principios de Divulgación de Transparencia de los Beneficiarios Finales.
De forma internacional, en el combate a la corrupción, el beneficiario final o beneficial ownership es la persona física que en último término se beneficia, controla o posee una empresa (persona moral) o fideicomiso, los cuales impiden identificar a aquellos que obtienen alguna ventaja o ganancia por un hecho corrupto.
Asimismo recientemente la UIF anunciaba en un reporte lo siguiente: "A través de ella se pretende dotar a los sujetos obligados de diversas herramientas que, a nivel internacional han establecido los organismos intergubernamentales, como la debida identificación del cliente, beneficiario final y persona políticamente expuesta, así como la realización de una evaluación del riesgo".
Dicha guía tiene la finalidad de que las actividades vulnerables identifiquen de manera más acertada operaciones con recursos obtenidos por actos de corrupción, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitirá su guía anticorrupción para los sujetos obligados a la ley antilavado.
La misma busca ayudar a los casi 90,000 sujetos que realizan una de las 16 actividades vulnerables consideradas en la ley, a identificar y mitigar los riesgos a los que pudieran tener en operaciones con recursos obtenidos por actos de corrupción.
Este instrumento es similar al que realizó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que emitió hace algunos meses la guía anticorrupción para el sistema financiero mexicano y donde enfatizó en la importancia de poner una vigilancia especial en las personas políticamente expuestas, que son aquellas que por su labor en la función pública pueden representar algún riesgo de corrupción.
Para la UIF, la guía que emitirá para los sujetos obligados, y que se encontrará disponible en su portal, enlistará de manera enunciativa, más no limitativa, algunos factores de riesgo y mitigantes relevantes para la corrupción relacionados con las personas políticamente expuestas o personas relacionadas con ellas; jurisdicción o área geográfica; así como el producto, servicio y canal de envío o distribución.
Los sujetos obligados a la ley antilavado son aquellos que realizan alguna de las 16 actividades vulnerables, como el arrendamiento o comercialización de bienes inmuebles, venta de autos, joyas, entre otros, y que superen ciertos montos de acuerdo a su actividad.
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