Rebeca Marín
En el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) otorgó el beneficio fiscal de condonación de impuestos a Gerardo Sosa Castelán, presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como a Francisco Natalio Zamudio Isbaile, implicado en la causa penal, con orden de aprehensión en contra.
El primero de agosto de 2014, el también ex rector de la UAEH recibió condonación por un monto no especificado, de acuerdo con la base de datos del SAT consultada por El Heraldo de México; asimismo, el primero de febrero de 2017, el empresario Francisco Natalio Zamudio también fue favorecido, sin que el Servicio de Administración Tributaria precise el monto.
En 2014, cuando tuvo el beneficio fiscal, Gerardo Sosa militaba en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el que se forjó desde la segunda mitad de la década de 1970, y al que renunció en 2018 para apoyar al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por el que su grupo político tiene nueve diputaciones locales y dos federales.
Francisco Natalio, incluido en la causa penal 263/2020, en la que al ex rector de la UAEH imputan operaciones ilícitas por 58 millones 245 mil pesos entre 2011 y 2018, al triangular recursos que eran de la universidad mediante una empresa fachada, Contabilidad del Siglo XXI, en Pachuca, es arrendador de un inmueble en el que Sosa Castelán tenía una de sus empresas implicadas en la dispersión del dinero: Eficiencia en Negocios Asociados S.C.
Las oficinas de esta firma se ubicaban sobre bulevar San Javier, número 302, en Pachuca, y fueron desalojadas hace meses, confirmó el personal de guardia del edificio.
Ese inmueble es el mismo en el que Movimiento Ciudadano rentó un piso cuando los Sosa mantuvieron el control del partido en la entidad (2016 a febrero de 2018). Incluso, Damián Sosa Castelán –actual candidato del Morena a presidente de Tulancingo y hermano de Gerardo– despachaba en esas oficinas porque era el dirigente estatal, ratificado por el líder nacional Dante Delgado Rannauro cuando militantes acusaron que el grupo se había apoderado de ese partido.
En el vestíbulo del edificio aún hay una placa de vidrio con el nombre Eficiencia en Negocios Asociados S.C., pero el personal de seguridad insistió en que los muebles fueron sacados hace tiempo, sin poder precisar cuánto, además de señalar que no están autorizados para proporcionar información.
El arrendatario de ese edificio de tres pisos y un pent-house es Zamudio Isbaile, contra quien el juez de control del Centro de Justicia Penal federal adscrito a la cárcel de máxima seguridad del Altiplano, Gregorio Salazar Hernández, también libró una orden de aprehensión por su posible participación en el caso Sosa Castelán.
Por el caso el juez también libró órdenes de aprehensión contra las hijas de Gerardo Sosa, Adriana y Ana Carmen Sosa Cravioto, quienes son accionistas en empresas posiblemente vinculadas en la dispersión de los fondos de la UAEH.
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