Rebeca Marín
Una nueva propuesta por parte del Gobierno de México, y presentada a la Cámara de Diputados, reforzará las medidas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en cuanto a embargo de cuentas bancarias se refiere.
De acuerdo con la iniciativa, el SAT pretende aplicar dichos embargos a "terceras personas", es decir, no solamente a los contribuyentes, sino a aquellos involucrados que se opongan a la revisión o comprobación de ejercicios tributarios.
La iniciativa busca obligar a los "terceros", aquellos que ejecutan deducciones o aprovechan servicios de las llamadas empresas factureras, a colaborar con el SAT.
Las llamadas empresas factureras pagan nómina a supuestos empleados, pero no realizan el pago de impuestos correspondiente, es decir, no giran la retención del ISR.
"Muchas de estas empresas contrataron, aparentemente, personas que hacían servicios de honorarios, por lo que les pagaban y les retenían el ISR pero nunca se pagó.
En total dejaron de entrar 55,125 millones de pesos al SAT", explicó Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria durante una conferencia de prensa el pasado 23 de junio.
Según Buenrostro, al menos 3,083 firmas y más de 5,000 personas físicas recibieron servicios factureros en 2017.
De acuerdo con el diario Reforma, se pretende también, cambiar el orden de prelación de los bienes a embargar, con el objetivo de que el fisco actúe en primer lugar sobre los depósitos bancarios o inversiones; en segundo lugar, sobre cuentas por cobrar, acciones o bonos; y en tercer lugar, sobre dinero en efectivo o metales preciosos, y sólo en cuarto lugar sobre bienes inmuebles.
Actualmente, el Congreso para reformar el Artículo 40-A del Código Fiscal de la Federación (CFF),pone en primer lugar para fines de embargo precautorio los bienes inmuebles, mientras que los depósitos bancarios, que son mucho más fáciles de localizar y asegurar, están en el sexto lugar de prelación.
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