Rebeca Marín
La Secretaría de la Función Pública (SFP) investiga a ex funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que en el sexenio pasado, cuando Aristóteles Núñez y Osvaldo Santín encabezaban el organismo, permitieron, por acción u omisión, que prosperara el esquema de defraudación fiscal a través de empresas conocidas como factureras.
Irma Eréndira Sandoval, titular de la SFP, quien explicó que a quienes se investiga desde su secretaría es "a los funcionarios públicos que permitieron que estos esquemas de las factureras se normalizaran en la vida pública".
El esquema, dijo, se incrustó al interior de la Administración Pública Federal "con la tradicional compra de funcionarios públicos que tenían la obligación legal, no sólo moral, de estar observando, de estar denunciando, de estar frenando estos abusos".
La secretaria explicó que el trabajo de investigación para identificar a los servidores públicos que "se prestaron a estas defraudaciones, a la evasión fiscal y a la operación de las factureras" ha sido en coordinación tanto con el SAT, desde el inicio de la nueva administración, con la entonces jefa del SAT, Margarita Ríos-Farjat, y la actual, Raquel Buenrostro.
Pero también, dijo, hay una mesa de coordinación en la que participan el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, para frenar los esquemas de lavado de dinero.
El pasado 6 de julio, la Procuraduría Fiscal dio a conocer que detectó que, en 2018, personajes políticos usaron los recursos obtenidos a través de esquemas de defraudación fiscal vía las factureras para enriquecerse y financiar campañas electorales, por lo que ya se preparan las primeras órdenes de aprehensión.
Romero Aranda informó que se calcula que ese año hubo una evasión de 500 mil millones de pesos, aproximadamente. El 23 de junio pasado, la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, presentó la información de 43 empresas factureras que fueron contratadas para defraudar al fisco por 55 mil 125 millones de pesos durante el 2017.
El pasado 14 de febrero, Buenrostro informó que se identificaron a 977 contribuyentes, tanto personas físicas como morales, que entre 2017 y 2019 participaron en esquemas de operaciones de empresas factureras en diversos estados de la República.
Las cifras de la evasión fiscal han variado y crecen conforme avanzan las investigaciones.
En junio 2019, cuando la entonces jefa del SAT, Margarita Ríos-Farjat, reveló por primera vez la magnitud del daño ocasionado a la Hacienda pública a través de estos esquemas, expuso que se había identificado la emisión de al menos 8.8 millones de facturas, desde 2014, que representaron una evasión fiscal de aproximadamente 354 mil 512 millones de pesos.
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