Rebeca Marín
A inicios de agosto, Carlos Romero Aranda, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), acusó que existe un pacto entre factureras y funcionarios públicos para defraudar al fisco. De acuerdo con el procurador, con este pacto se han defraudado cerca de 350 mil millones de pesos al año.
Este pacto se enfocó principalmente en el desvío de recursos y se hizo a través de licitaciones simuladas, falsificación de actas y operaciones falsas. Los responsables dejaron evidencias en cada paso de esta cadena; actualmente, las autoridades están recopilando esa evidencia.
La investigación dentro del SAT podría tener en la mira a los siguientes funcionarios:
Aristóteles Núñez, jefe del SAT de 2012 a 2016.
Osvaldo Santín, jefe del SAT de 2016 a 2018.
Administración general de recaudación. Entre otras cosas, son los encargados de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de registro de contribuyentes.
En la administración pasada, estuvo bajo el cargo de Lisandro Núñez Picazo y Adrián Guarneros Tapia.
Administración general de auditoría fiscal federal. Es la encargada de supervisar los procedimientos sobre emisión de comprobantes que amparen operaciones inexistentes.
Estuvo bajo el mando de José Genaro Ernesto Luna Vargas y Leopoldo Carrillo Werring.
Administración general de grandes contribuyentes. Encargada de investigar la evasión fiscal entre grandes contribuyentes. El área estuvo a cargo de Óscar Molina Chie.
Administración general jurídica. Encargada de publicar a los contribuyentes en las listas del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Fue encabezada por Jaime Eusebio Flores Carrasco.
De acuerdo con la SFP, todas estas áreas, debido a sus obligaciones, pudieron haber sabido de las operaciones con factureras.
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