México y el SAT enfrentan demandas y juicios internacionales

Rebeca Marín


Desde la semana pasada se dio a conocer que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a varios procedimientos de empresas extranjeras que reclaman un total de 25 mil millones de pesos por violaciones a tratados de libre comercio.

 

En primer lugar está First Majestic, una minera canadiense, que reclama 500 millones de dólares. La semana pasada, la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) presentó una querella ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto fraude de la canadiense Grupo Primero Mining (de la cual First Majestic es una subsidiaria) por un monto de 426 millones 308 mil 706.

 

El caso está relacionado con la venta de plata a precios inferiores a los del mercado en 2015. En su reclamo, la minera dijo que el esquema que utilizaron fue aprobado por el SAT en 2012, pero luego revertido.

 

Después está Couer Mining, de Estados Unidos, que reclama mil millones de pesos. En este caso, se trata de reclamos contra el SAT por las devoluciones atrasadas y rechazadas de IVA.

 

CMSA BV es una operadora portuaria holandesa. En 2013, invirtieron seis mil millones de pesos para construir y operar la terminal de contenedores TEC II en Contecon Manzanillo.

 

Ellos reclaman al SAT 600 millones de dólares. De acuerdo con la empresa, la Administración Portuaria Integral de Manzanillo y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes violaron un contrato al permitir que otra empresa instalara grúas permanentes en muelles de uso común.

 

Rabobank es uno de los bancos más grandes de Holanda. A mediados de julio, la empresa presentó una demanda contra las autoridades mexicanas, aunque no se conocen los detalles.

 

Lo más probable es que la demanda tenga que ver con el caso de Oceanografía. En mayo de 2015 el SAT fincó a Oceanografía el crédito fiscal más grande del país, por un monto de 17 mil 860 millones de pesos por omisiones sólo en el ejercicio de 2012. Oceanografía pasó por un proceso de concurso mercantil, iniciado por el gobierno, que dio como resultado la quiebra de la naviera en 2016.

 

Durante este proceso, la empresa debía 220 millones de euros a Rabobank por un préstamo. Además, una filial del banco, De Lage Landen, perdió 150 millones de pesos por el mismo proceso. Rabobank presentó su demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI) del Banco Mundial. 

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