Agosto 06/20
LÍDERES POLÍTICOS
Jesús Belmont Vázquez
Seguridad alimentaria
Congreso de la Unión.- La Comisión Permanente exhortó a las secretarías de Economía, y de Agricultura y Desarrollo Rural, a coordinar esfuerzos para que durante la emergencia sanitaria del Covid-19, no se frene la cadena de distribución de alimentos.
Senadores y diputados integrantes de la Tercera Comisión de la Permanente indicaron que están a favor de fortalecer y garantizar la seguridad alimentaria de la población más vulnerable, evitando la escalada de precios y ventas desleales de la canasta básica para que la economía de las familias no se vea afectada.
Señalaron que en el contexto de la pandemia, se estableció como actividades esenciales la distribución y venta de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados de alimentos, supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados, muchas empresas incrementaron injustificadamente los precios de los productos aprovechando el pánico y el confinamiento de la población.
Los legisladores dijeron que no es posible que el precio de los productos de la canasta básica se modifique diariamente a gusto y conveniencia de los comerciantes y no pase nada, por lo que hicieron un llamado a que se verifique y se garantice que las familias no sean afectadas por el abuso de los ofertantes.
En otro dictamen, urgieron a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), para que vigile y, en su caso, sancione a las empresas que arbitrariamente suben los precios de los 43 alimentos que comprenden la canasta básica, así como los artículos de uso sanitario utilizados para frenar el avance de Covid-19.
En la discusión, la diputada Dolores Padierna solicitó a la Profeco realizar campañas de difusión informativas en televisión, radio y redes sociales sobre los procedimientos a seguir para denunciar alzas injustificadas en los precios de productos relacionados con la pandemia de Covid-19.
Indicó que según la Profeco en México existe abasto suficiente de productos básicos, por lo que no hay razones para aumentar los precios.
***El senador Víctor Fuentes Solís presentó un punto de acuerdo en la Comisión Permanente con el fin de exhortar a la Secretaría de Hacienda que informe sobre el monto total, destino y operatividad de los recursos recaudados por las aportaciones voluntarias efectuadas por servidores públicos, a partir del 16 de julio a la fecha.
El legislador panista señaló que, por tratarse de aportaciones voluntarias y bajo el concepto de donación, la dependencia fiscalizadora tiene la obligación de definir la utilización dicho ahorro, a fin de enfrentar la emergencia económica para reorientar el gasto público en beneficio de los más desprotegidos.
Fuentes Solís subrayó que dichas aportaciones a pesar de ser por voluntad de los servidores públicos, no deben ir en contra de los derechos laborales existentes en las leyes nacionales o de tratados internacionales enfocados a salvaguardar la integridad y protección de los trabajadores.
Recordó que la SHCP aseguró que las aportaciones pueden ser mes con mes, sólo una vez o ninguna, lo que se traduce que es a voluntad de los trabajadores y sin una periodicidad establecida.
Denunció que no hay certeza para los funcionarios sobre si realmente es voluntario donar, si serán presionados por sus superiores para ceder un porcentaje, por lo menos, en una ocasión o si habrá alguna repercusión al no realizar aportaciones.
El senador regiomontano refirió que el artículo tercero constitucional enuncia que el trabajo es un deber social y exige respeto a las libertades y dignidad para las y los trabajadores; además de estar considerado como un derecho humano y ser una parte inseparable e inherente del ser humano.
Señaló que, de acuerdo con un oficio firmado por el titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario, dirigido a la Oficial Mayor de la SHC, las aportaciones de carácter voluntario van desde el cinco por ciento y hasta el 25 por ciento del sueldo de los funcionarios con nivel de subdirector hasta el de presidente de la República.
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