La Barriada/Martín Aguilar/La ley mordaza

Bastante escándalo ha desatado la propuesta de Morena en el Congreso de la CDMX para que tanto periodistas, como reporteros realicen investigaciones cuando se trate en el caso de los políticos para que no los sorprenden haciendo prácticas desleales o actos de corrupción, ahora que ha sido a la luz varios videos escándalos, donde aparecen recibiendo dinero, empezando por el EX Director de Pemex, Emilio Lozoya y el hermano del presidente, Pío López Obrador.

Y ha sido el diputado local de Morena, Eleazar Rubio Aldarán, presentó una iniciativa de ley para que los periodistas no realicen investigaciones y sugirió que se limiten a informar los hallazgos de las autoridades ministeriales.

"Su labor (de periodistas) es exclusiva de informa, no de realizar investigaciones o diligencias para resolver una carpeta de investigación, sino que su trabajo es el de investigar lo que hace la representación social en la carpeta e informarlo, siempre y cuando no afecte la investigación, y la información debe ser veraz", indica la iniciativa.

"Eso no significa que se les coarte el derecho de informar, sino que deben ser cautelosos con lo que informan para que no le favorezca al imputado y sirva para enterarse que ya están cerca del él y con ello se sustraiga de la acción de la justicia", aclara. 

La iniciativa de ley de Rubio propone reformar el código penal y castigar con 5 años de cárcel y de 86 a 880 millones de pesos a quien realice actos de difamación.

"Se advierte necesario, analizar si sería conveniente introducir de nueva el delito de difamación a nuestro código penal, atendiendo el cambio de época que vivimos, donde los medios de comunicación en la actualidad son muy importantes , y los cuales son utilizados para vulnerar garantías consagradas en nuestra Constitución", se lee en el escrito.

Con la era digital, no se encuentra en la actualidad una regulación respecto a la información, tanto de las personas, como medios de comunicación y autoridades, y ante esto es impreciso legislar al respecto, señala el documento.

Al respecto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, expresó que su gobierno no está de acuerdo con la iniciativa.

"No, no estamos de acuerdo con la iniciativa" respondió en una rueda de prensa sobre el convenio para la construcción del Hospital General de Cuajimalpa.

Y es que el morenista quiere introducir de nuevo el delito de difamación en el Código Penal, atendiendo al cambio de época que se vive, "donde los medios de comunicación en la actualidad son muy importantes, y los cuales son utilizados para vulnerar garantías individuales consagradas en nuestra Constitución, y con ello lograr garantizar la protección de los Derechos Humanos de todos los ciudadanos".

 

Para ello, plantea reformar los artículos 214 y 215 del Código Penal para el Distrito Federal, para que quede de la siguiente forma:

 

"Artículo 214. Comete delito de difamación, quien de manera deliberada y con el propósito de dañar a una persona, comunique un hecho falso, a una o más personas de forma verbal o por cualquier medio de comunicación, y esto le cause o pueda causar a la víctima u ofendida una afectación en su dignidad, honor o reputación, imponiéndole una pena de dos a cinco años y de seiscientas a mil Unidades de Medida y Actualización.

 

"Artículo 215. El delito de difamación se perseguirá por querella. En el caso que se refieran a una persona ya fallecida, se procederá por querella del cónyuge, concubina o concubinario, pareja permanente, ascendientes, descendientes o hermanos. Cuando la difamación se hubiese cometido con anterioridad al fallecimiento del ofendido, no procederá la querella de las personas mencionadas, si aquél hubiere permitido la ofensa y pudiendo hacerlo no hubiese presentado la querella, salvo que hubiere prevenido que lo hicieren sus herederos".

 

Eleazar Rubio sugiere que se abrogue la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la propia imagen en el Distrito Federal, promulgada en la Gaceta Oficial del 19 de mayo de 2006, además de que deroguen todas las disposiciones legales que se opongan a la presente reforma.

 

"Considero necesario y urgente atender esta problemática social que nos puede afectar a todos como ciudadanos, ya que alguien puede terminar con la familia o el trabajo de otra persona si así lo quiere, pues con la era digital, no se encuentra en la actualidad una regulación respecto a la información, tanto de las personas, como medios de comunicación y autoridades, y ante esto es imperioso legislar al respecto", expuso.

 

Aunque la libertad de expresión es el derecho de toda persona difundir y publicar por cualquier medio digital o impreso ideas y opiniones, y la libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas, sin importar su raza, género, orientación sexual, o por cualquier otro motivo", indicó.

 

Abundó que lo que se pretende es evitar que con noticias falsas se afecten los derechos y garantías del afectado, protegiendo en todo momento la dignidad de las personas tal y como establece el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

No olvidemos que el delito por difamación o calumnias fue derogado en 2006, para evitar que se utilizara de forma desproporcionada contra los informadores y de esta manera tuvieran una mayor libertad los medios de comunicación.

 

"Sin embargo, con el desarrollo de las redes sociales, los periódicos y periodistas quedaron superados de ser los causantes de la difamación o calumnia, ya que éstas se pueden esparcir por las redes sociales de forma masiva", finalizó.


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