Por las implicaciones económicas que traería el confinamiento social al inicio de la contingencia sanitaria en nuestro país, diversas instituciones financieras dieron a sus clientes la posibilidad de aplazar el pago de sus deudas durante tres o cuatro meses.
El problema es que dicho plazo está por terminar y las condiciones económicas pre-pandemia no son las mismas que en la actualidad: según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en México se han perdido poco más de 1 millón 181 mil 000 empleos formales por la pandemia.
Si sumamos la cifra de informales perdidos, la situación es mucho peor.
Por su parte, la pérdida de empleos informales, que representa más del 51% de la población en edad de trabajar, pudo haber sido mayor. Además, el efecto del confinamiento no ha terminado del todo; el virus sigue presente en todo el país, aunque la epidemia en nuestro país va a la baja, conforme ha reportado la Secretaría de Salud (Ssa).
En este sentido, tras el término del plazo que los bancos dieron, existe preocupación; según información de la Asociación de Bancos de México (ABM) la mayoría de los 9.2 millones de créditos que están dentro de los programas de diferimiento de pagos deberán empezar a abonar su deuda durante septiembre.
También se habla de que la recuperación de los empleos ya lleva varias semanas; sin embargo, la pandemia ha provocado la pérdida de millones de trabajos en México y los estragos de la crisis económica siguen presentes, por lo que se proyecta una recuperación económica lenta.
En junio pasado el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, advirtió que la recuperación de la economía de México llevará más tiempo de lo esperado y dependerá de la evolución de la pandemia del COVID-19.
"El horizonte de recuperación será más largo, mientras no haya una vacuna o un tratamiento efectivo disponible", declaró Herrera.
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