En política nada es casualidad, y apenas habían interpuesto una denuncia en contra de Yeidckol Polevnsky por malversar casi 400 millones de pesos como dirigente de Morena, y el partido suspendió de sus derechos partidistas a Alejandro Rojas Díaz Durán.
Ambas acciones provienen de lo que muchos han llamado la nomenclatura, que encabezan Alfonso Ramírez Cuéllar, Bertha Luján y Horacio Díaz-Polanco, incrustados en la dirigencia nacional provisional.
La demanda contra Polevnsky, quien supuestamente pertenecía a esa nomenclatura— no sorprendió a nadie, pues es evidente que en su paso como secretaria general en funciones de presidenta vació las arcas del partido.
En la actualidad le han documentado supuestas compras de inmuebles para el partido y de sus respectivas remodelaciones, sin que en realidad exista nada de lo que reportó.
En el caso de Rojas Díaz Durán, la Comisión de Honor y Justicia suspendió sus derechos políticos durante seis meses, lo que, casualmente, lo deja fuera de la elección interna por la dirigencia del partido, que, en teoría, se llevará a cabo en octubre próximo.
O sea, de un plumazo, los ultras del partido borran del panorama a dos aspirantes que habían alzado la mano para competir por la presidencia de Morena, que permanece vacante desde que Andrés Manuel López Obrador renunció por la candidatura presidencial.
Desde hace tiempo habían sostenido una carrera Polevnsky, Rojas Díaz Durán y la propia Luján y, ante diversas irregularidades denunciadas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se ordenó una dirigencia provisional.
En ese escenario llegó Ramírez Cuéllar, quien tiene la obligación de llamar a elecciones, a más tardar, en octubre, aunque desde el principio quedó claro que quería quedarse en forma definitiva, lo cual quedó comprobado con las acciones en contra de dos de los aspirantes.
Sobre Yeidckol no cabe duda de que merece ser sacada de la contienda y llevada ante las autoridades judiciales para que responda del desfalco de que es acusada; de Rojas Díaz Durán es porque ha crecido en su cruzada de más de un año por el país.
Si lo dejan participar en una elección a través de tres encuestas, como lo están proponiendo muchos, temen que les dé un buen susto y mejor lo desactivan dejándolo fuera temporalmente, aunque después lo tuvieran que reinstalar con un "usted disculpe".
Eso ya no serviría de nada, porque mientras él esté suspendido no puede ni siquiera votar, y cuando todo pase, serán hechos consumados.
Así que la jugada de los ultras está entre Ramírez Cuéllar y Luján, quienes podrían nombrar dirigentes estatales afines en todo el país, y de esa forma hacerse de las candidaturas en 2021.
O sea que los ultras del partido, esos que proponen que el Inegi se meta a la casa de los ciudadanos para revisar sus bienes y decidir si deben conservarlos o no, están en vías de tomar el partido.
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