Mayo 4/20
LÍDERES POLÍTICOS
Jesús Belmont Vázquez
Prerrogativas y donaciones
Congreso de la Unión.- Ante el aumento de los recursos públicos destinados a los partidos políticos (de 386 millones de pesos en 1997 pasaron a cinco mil 239 millones este año) y de manera paralela a la pérdida de credibilidad entre la ciudadanía, en el Congreso de la Unión se han presentado varias propuestas para modificar el régimen de financiamiento señalado en el artículo 41 constitucional.
El citado artículo en su párrafo segundo, Base I, estipula que los partidos políticos son entidades de interés público y que la ley determinará las formas específicas de su intervención en el proceso electoral, así como sus derechos, obligaciones y prerrogativas. Además de lo anterior, también se señala que "La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para poder llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a las que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado".
En San Lázaro, Morena y el PAN presentaron recientemente iniciativas para reducir el presupuesto a los partidos políticos y destinar esos recursos a la atención de emergencias, como la pandemia del nuevo coronavirus por la que actualmente atraviesa el país.
La iniciativa de Morena busca reducir 50 por ciento las prerrogativas de los partidos políticos, con lo que este año se liberarían dos mil 619 millones de pesos para el sector salud y para reactivar la actividad económica.
La del PAN pretende reformar Ley General de Partidos Políticos para que el dinero que sea devuelto por los institutos políticos vaya a emergencia sanitaria o desastres naturales, siempre bajo la lupa del Instituto Nacional Electoral.
Y es que los recursos públicos a los partidos políticos se han multiplicado nada menos que 10 veces, al pasar de 386 millones de pesos en 1997 a cinco mil 239 millones de pesos en el presente año.
Tan solo entre el 1 de septiembre de 2018 y diciembre de 2019, se presentaron 21 iniciativas de reforma constitucional con el objeto de disminuir este financiamiento (13 en la Cámara de Diputados y 8 en el Senado).
Las iniciativas de los partidos, si bien coinciden en el diagnóstico y en la supuesta necesidad de recortar el gasto púbico que se les destina, varían en cuanto a las fórmulas y métodos de distribución de tales recursos.
Luego de revisar las propuestas de las y los legisladores, así como de las posturas expresadas en las discusiones de los respectivos dictámenes, está claro que todos los partidos coinciden en la idea de reducir el financiamiento público de los partidos.
La mayoría proponen como método para la disminución, la reducción del porcentaje por el que se multiplica la Unidad de Medida y Actualización (UMA). De estas, casi todas propusieron bajarlo a la mitad, del 65 al 32.5 por ciento.
Algunas otras plantean el 32 por ciento o un porcentaje menor, aunque con criterios de justificación poco claros. La eliminación del financiamiento público y su sustitución por un esquema de financiamiento privado únicamente ha sido planteada por el PES en la Cámara de Diputados.
Los partidos chicos, independientemente de si son de oposición o aliados de la 4T, coinciden en aumentar los recursos que se destinan de forma igualitaria entre los partidos.
La Constitución establece actualmente que el monto de financiamiento público federal se distribuye en un 30 por ciento de manera igualitaria entre todos los partidos con registro y el 70 por ciento en función de la votación que hayan obtenido en la elección federal anterior inmediata.
Aunque las reformas presentadas en la Cámara de Diputados no han prosperado, las discusiones que se dan en el Pleno brindan un escenario de lo que será cuando el presidente López Obrador envíe su propia iniciativa el próximo periodo ordinario de sesiones.
Pero mientras en el Congreso se analizan los dictámenes sobre el tema, en los estados algunos partidos políticos han tomado la iniciativa de donar parte de sus prerrogativas para atender la contingencia sanitaria, lo que, independientemente de filias y fobias partidistas, es una acción que debe tomarse en cuenta.
Es el caso de Chiapas, donde los partidos Morena, PT, PVEM y el local Chiapas Unido, decidieron donar un porcentaje de sus recursos para ayudar a la población chiapaneca frente a la emergencia sanitaria.
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