Rebeca Marín
Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) muestran que, al cierre de 2019, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) busca recuperar más de 700 mil millones de pesos por adeudos fiscales.
De esta cantidad, el 27% es factible de cobro. Básicamente, significa que no hay controversia y el contribuyente sí debe pagarlo.
El 62% de estos casos está impugnado.
El resto, debido a que pertenecen a contribuyentes no localizables o sin solvencia tienen muy baja probabilidad de cobro. Estos representan 76 mil millones de pesos, o el 11% del monto total de los créditos fiscales.
De acuerdo con Ariana Martínez Molina, integrante de la comisión fiscal 2 del Colegio de Contadores Públicos de México, la mayoría de estos casos tiene que ver con omisiones en el pago del impuesto al valor agregado o impuesto sobre la renta, registro de perdidas mayores a las que realmente reportaron, o por operaciones inexistentes.
Cuando el contribuyente no está de acuerdo, puede imponer medios de defensa o aclaración. Normalmente, esto implica juicios de nulidad, recursos de revocación o amparos. Además, las resoluciones pueden tardar entre seis meses y tres años. Todo esto implica inversiones de tiempo y dinero para el SAT y los contribuyentes.
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