Febrero 26/20
LÍDERES POLÍTICOS
Jesús Belmont Vázquez
Consejeros
Congreso de la Unión.- El próximo año se realizarán elecciones para renovar la Cámara de Diputados, 13 gubernaturas, 27 congresos locales y 28 ayuntamientos.
Esta elección requiere de un Instituto Nacional Electoral (INE) paritario que sea capaz de comprender la dimensión de la violencia política por razones de género y que tenga voluntad para organizar procesos electorales que identifiquen todas las trabas que enfrentarán las mujeres en la contienda.
Dicho proceso será importante para el futuro del país, por eso es indispensable que el árbitro electoral esté a la altura del contexto. "Esto no es un arrebato o una concesión, es una necesidad imperiosa para que cese la violencia contra las mujeres", señaló la diputada federal, Lorena Villavicencio Ayala.
La legisladora pidió que de los cuatro nuevos consejeros del INE que designará la Cámara de Diputados, tres sean mujeres y uno hombre, a fin de garantizar la paridad de género en este órgano autónomo.
Actualmente el Consejo General del INE está conformado por seis hombres y cuatro mujeres, más su presidente, Lorenzo Córdova Vianello, es decir, que hay una diferencia de siete a cuatro, precisó.
Al retirarse los consejeros que terminan su periodo lectivo el 3 de abril, quedarían cuatro hombres y tres mujeres, en espera de nuevas designaciones. Por ello, se tiene que garantizar la entrada de tres consejeras y un consejero.
"Debido a que el presidente actual es hombre, para poder garantizar una efectiva paridad, el Consejo General debería integrarse por cinco hombres y seis mujeres, dado el peso que tiene el Consejero presidente en el accionar del Instituto", expuso la diputada.
"De las personas que resulten electas (en 2021) dependerán las decisiones para prevenir y erradicar la violencia que diariamente cobra 10 vidas de mujeres. De ellos dependerá construir una sociedad más igualitaria y con mayores oportunidades de desarrollo para las mujeres", agregó.
Por otra parte, la diputada del PRD, Mónica Almeida López, informó que impulsa dos iniciativas para poner límites –en la Constitución y en la ley electoral– a los 32 delegados estatales de Programas para el Desarrollo, adscritos a la Secretaría de Bienestar del Ejecutivo federal, que quieran participar en procesos electorales.
Almeida indicó que sus propuestas buscan evitar el inadecuado uso de recursos y programas sociales con fines electorales y personales.
La primera plantea reformar el artículo 10 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; la segunda, los artículos 55, 82 y 95 de la Carta Magna.
Expuso que "actualmente no se tiene una limitante en los requisitos de elegibilidad para ocupar un puesto de elección popular en quienes actualmente fungen como enlaces responsables de alguno de los diversos programas sociales".
Refirió que, de acuerdo con evaluaciones y observaciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y de la asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, se ha mostrado que existen argumentos para presumir que el control de los programas sociales han sido utilizados como una herramienta en favor de aspiraciones políticas.
Apuntó que sus propuestas no pretenden restringir las aspiraciones políticas de estos funcionarios federales, sino poner límites estableciendo que deberán separarse de su cargo un año antes de la celebración de la elección.
Recordó que en la actual administración federal, tras modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se crearon las delegaciones de Programas para el Desarrollo en las entidades federativas, las cuales fungen como enlace entre las secretarías de Estado y los gobiernos estatales, teniendo a su cargo la coordinación e implementación de planes, programas y acciones para el desarrollo integral, así como funciones de atención ciudadana, supervisión de servicios y programas a cargo de las dependencias y entidades.
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