Rebeca Marín
Enero 4, 2020
Raquel Buenrostro, la nueva titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), tiene un reto probablemente mayor al de su antecesora Margarita Ríos-Farjat, quien fue nombrada como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): vigilar la implementación de las reformas aprobadas este año para castigar a las empresas que presenten facturas falsas.
Al menos esta es una de las instrucciones específicas que Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dio a la nueva jefa del SAT.
La aplicación de medidas penales en contra de empresas que compran facturas inician en enero de 2020, pero para Herrera éstas ya constituyen un éxito debido que, en las últimas semanas, diversas empresas se han acercado a las autoridades fiscales para reparar el daño al erario y cooperar con investigaciones en contra de las organizaciones que distribuyen estos documentos apócrifos con el fin de evitar consecuencias penales severas.
"Estimuló un periodo de autocorrección de diversas empresas que se han venido acercando en primera instancia al SAT y luego a la Procuraduría Fiscal de la Federación para corregir su situación fiscal, esto ha dado resultado aún antes de entrar en vigor de la Reforma en una recaudación de un poco más de 2,000 millones de pesos", afirmó el secretario federal en conferencia de prensa organizada el jueves.
En ese sentido señaló que estas herramientas darán un mayor apoyo para "nutrir" la recaudación fiscal en el país.
"Esta situación es similar a la que tuvimos el año pasado, el año pasado ya iniciamos con instrumentos nuevos, logramos la eliminación de la compensación universal que tuvo efectos muy importantes para nosotros, ahora dotamos de instrumentos adicionales al SAT", apuntó.
Pero la integración de nuevos procesos en un área específica del gobierno federal no es novedad para Buenrostro. Al encabezar la oficialía mayor, la licencia da en Matemáticas por la UNAM puso en marcha la concentración de las contrataciones públicas de combustible, medicamentos, químicos, mantenimiento de mobiliario, arrendamiento de vehículos, material y útiles de oficina, vigilancia, limpieza y la infraestructura de planteles educativos estarán controlados a través de la Oficialía Mayor de Hacienda.
A través de esta área se concentró 80% de las compras del gobierno federal que antes se gestionaban a través de 1,500 unidades compradoras de la Administración Pública Federal (AFP).
Cuando arrancó este proceso, Buenrostro fue señalada como una de las principales responsables del desabasto de medicina en hospitales públicos del país, sin embargo, esta medida fue defendida como uno de los puntos clave para detener actos de corrupción en el gasto público.
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