Enero 16/20
LÍDERES POLÍTICOS
Jesús Belmont Vázquez
El fiscal Barr
Congreso de la Unión.- Varios son los temas que han llegado a tensar las relaciones México-Estados Unidos, por lo que no es aventurado decir que la visita relámpago del Fiscal General, William Barr, tuvo como finalidad acordar estrategias entre ambos gobiernos y definir prioridades para atender problemas como el narcotráfico, el trasiego de armas y la migración.
La versión oficial sobre la visita del fiscal estadounidense corrió a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y no de la Presidencia como se esperaba.
La SRE informó del acuerdo para implementar operativos con el fin de reducir el tráfico de armas en la frontera entre ambos países.
"Se acordó un programa común binacional para reducir el tráfico de armas, drogas y recursos financieros de las redes de delincuencia transnacional, en tierra, mar, puertos y aeropuertos, entendiendo al crimen organizado como entes económicos cuyas finanzas deben ser atacadas y tratar al fentanilo como un problema común", dijo la cancillería.
Sería muy ingenuo pensar que el alto funcionario de la Casa Blanca omitió tratar con el presidente López Obrador, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, el canciller Marcelo Ebrard y gran parte del gabinete de seguridad, el delicado tema de la designación de los narcotraficantes mexicanos como grupos terroristas.
Hay que recordar que en el vecino país del norte prácticamente ya inició el proceso electoral, por lo que Donald Trump –quien busca reelegirse- podría calificar a los capos de la droga mexicanos como terroristas con el propósito de atraer mayor cantidad de votantes.
Otra asignatura de relevancia es el tráfico de armas procedentes de aquella nación que surten al crimen organizado que opera en México, y que a pesar que ambas naciones han expresado su acuerdo para combatirlo, a la fecha es una de las actividades criminales de mayor incidencia e impunidad.
Investigaciones del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, refieren que un número superior a 15 millones de armas han ingresado al país de manera ilegal.
Según la Secretaría de la Defensa Nacional en la última década entraron ilegalmente al país alrededor de dos millones de armas. Cada año ingresan ilegalmente a México más de 200 mil armas de diferentes calibres y marcas.
La visita del fiscal William Barr se enmarcó también en un contexto en el que el rubro migratorio parece volver a ocupar un lugar importante en la agenda binacional.
De hecho, autoridades de las secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Trabajo y Previsión Social y del Instituto Nacional de Migración, definen en estos momentos una estrategia ante la inminente llegada de la nueva caravana integrada por un número aún no definido de migrantes, pero que anda por ahí de mil 600 y que arribarán por Chiapas.
Según afirmó el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, le dijo que México no dejará pasar a la nueva caravana de migrantes que salió de Honduras con destino a Estados Unidos.
Lo que si es cierto, es que la crisis migratoria que se ha vivido en la frontera sur desde aquella primera caravana de octubre de 2018 no tiene precedentes en la historia reciente del país.
Las estadísticas revelan que los flujos de migrantes se incrementaron de manera exponencial, ya que de las 350 mil personas que anualmente cruzaban la región fronteriza, durante 2019 el número fue de alrededor de 900 mil.
Desafortunadamente, en la medida en que los migrantes centroamericanos y de otras latitudes sigan huyendo de la pobreza y la violencia en sus países de origen, el muro humano conformado por elementos de la Guardia Nacional en el sur de México corre el riesgo de convertirse en un cuello de botella, sobre todo si logran cruzar la frontera y Migración opta por mantenerlos en los albergues mientras decide su estatus migratorio. Veremos.
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