Martín Aguilar
De acuerdo a la Coordinación Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional, El estado mexicano aún tiene una deuda histórica con los pueblos y comunidades indígenas del país, por ello, saludamos la convocatoria efectuada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación el 03 de junio de 2019 para realizare el proceso de consulta libre, previa e informada para la Reforma Constitucional y legal sobre los derechos de los pueblos indígenas y afro mexicano.
A través de diversos representantes y autoridades comunitarias participamos de buena fe en varios foros para conocer la propuesta, preguntar los alcances, plantear dudas y hacer propuesta sobre la citada reforma. Consideramos que por los ejes temáticos propuestos se podía por fin dar oportunidad a los pueblos y comunidades indígenas a opinar y decidir sobre temas trascendentales; sin embargo, desde el principio no se cumplieron con los estándares internacionales para que dicha consulta cumpliera con las características de ser libre, previa, informada, de buena fe y culturalmente adecuada.
En primer lugar, el gobierno a través de las dependencias involucradas determinaron de manera unilateral el protocolo de la consulta, seguido de lo anterior, los documentos concernientes a la Consulta (Convocatoria a la Consulta; El Protocolo de Consulta; la Convocatoria Ampliada y los Principios y Criterios para la Reforma Constitucional y Legal Sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afro mexicano, expedidos por las responsables el 3 de junio de 2019) no se redactaron al idioma de cada grupo étnico del país y por lo tanto sostuvimos desde un principio que se vulneraba el derecho a la Consulta, libre, previa, informada, de buena fe y culturalmente adecuada.
Además de que tampoco se tomó en cuenta las formas de organización y decisión comunitaria, los tiempos, usos y costumbres. Por esa razón, representantes de diversos pueblos indígenas nos plantearon a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional (CNPA MN) dar la lucha legal por la defensa de nuestros derechos a ser respetados verdaderamente y no ser usados para validar decisiones que puedan afectar a nuestros pueblos.
En virtud de lo anterior, en representación de la comunidad indígena Náhuatl Yohuajca, municipio de Coyomepan, Puebla el c. xxx y de la mano del equipo jurídico que encabeza el Mtro. Leonel Guadalupe Rivero Espinosa, coordinador General de Defensa Estratégica en Derechos Humanos se interpuso un amparo impugnando el Proceso de Consulta Para la Reforma Constitucional y Legal Sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afro mexicano, implementado en los meses de junio y julio de 2019 por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, por considerar que las autoridades habían vulnerado en perjuicio de dicha comunidad el derecho a la Consulta, previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada que se encuentra plasmada en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
En la resolución del 13 de diciembre del año en curso, el Juez Séptimo de Distrito, al conceder el amparo a la comunidad indígena consideró que la consulta no se realizó de acuerdo con las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas, a través de procedimientos culturalmente adecuados y teniendo en cuenta sus métodos tradicionales para la toma de decisiones.
También señaló, que los procedimientos adecuados implican que la Consulta se ajuste a la cultura, idiomas y dinámica organizativas, a sus autoridades representativas y a su elección, a los sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades indígenas, adoptando y poniendo en marcha estrategias de información y comunicación que sean culturalmente pertinentes."
El Juez de Federal concluye expresando "…que la falta de redacción de los documentos relacionados con la Convocatoria previa, libre e informada para la Reforma Constitucional y Legal Sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afro mexicano en lengua náhuatl genera un efecto invalidante en el resto del procedimiento…"
Por lo que ordena al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y a la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, dejen sin efectos el proceso de consulta, previa, libre e informada para la Reforma Constitucional y Legal Sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afro mexicano, exclusivamente en lo que concierne a la comunidad indígena náhuatl de Yahuajca, municipio de Coyomeapan, Puebla. Si bien los efectos protectores del amparo se circunscriben exclusivamente a la comunidad indígena náhuatl de Yahuajca, municipio de Coyomeapan, Puebla.
Todo el proceso de consulta está cuestionado, ya que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y la Subsecretaría de desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, no tradujeron a las lenguas de los 51 pueblos indígenas que fueron consultados.
La resolución es importante porque en la consulta celebrada los días 14 y 15 de diciembre del año en curso, para recabar la aprobación de los pueblos indígenas sobre el proyecto del tren maya, la Convocatoria y demás documentos tampoco fueron emitidos en las lenguas de las comunidades consultadas, por lo tanto, si éstas la impugnan, el proceso quedaría sin efecto por no ajustarse a lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Recientemente la oficina en México de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) ha señalado que dicha consulta no ha cumplido con los estándares internacionales de Derechos Humanos en la materia. Por esa razón, le exigimos al gobierno federal a que deje a un lado la demagogia y simulación y se avance en reconocer plenamente los derechos de los pueblos indígenas. No hacerlo es perpetuar la deuda histórica que tiene el Estado mexicano con este sector importante de nuestro país.
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