Martín Aguilar
Durante una conferencia de prensa, empresarios en el ramo de Seguridad Privada denunciaron corrupción e impunidad, ya que desde hace tiempo cuentan con trámites, que están pendientes para que les otorguen permisos para operar, pero el área que preside Gonzalo Martínez de Teresa es nula y negligente para poder otorgar dichos documentos, tanto por el tiempo que se lleva, como los costos que hay que pagar por eso
Entre los denunciantes y empresarios se encuentran el contador, Ismael Bautista, y la Lic. Rocío Maldonado, entre otros, entre otros, siendo que ellos han tenido un atraso de hace varios meses, por lo que sus trámites no les han dado seguimiento, pero señalan que les exigen los pagos correspondientes pese a que a no los atienden como debería, ya que si no efectúan dichos pagos les atrasan o los cancelan los trámites.
Con una experiencia de más de 10 años en el servicio público y cinco años en el ramo de seguridad pública, Bautista afirma que en otras administraciones se apegaban a las normas y leyes establecidas, pero las autoridades actuales, por la austeridad que hay en el gobierno federal, ya no otorgan credenciales e identificaciones para los permisos, tampoco les imprimen los permisos, ya que solo les dan una memoria USB donde vienen todos los documentos, al igual las identificaciones oficiales, siendo que esto se presta para la falsificación de documentos,
Pese a que los clientes y empresarios que requieren los servicios de seguridad privada exigen a las empresas que prestan este servicio, los documentos e identificaciones oficiales, de lo contrario recurren a empresas patito para este servicio, pese a que corren un riesgo de que puedan ser defraudados o engañados, porque además de que no están legalmente establecidas, el personal de seguridad privada no están capacitados para brindar este servicio, tampoco cuentan con exámenes de confianza oficiales como lo exige la ley de seguridad privada federal, porque además de que no son confiables, cobran más barato.
Otra de los problemas y trámites burocráticos que hay, es que cuando presentan toda la documentación que les exigen para conformarse como empresas de seguridad privada, como el acta constitutiva, identificaciones y nombres de los socios que conforman la empresa, los funcionarios y personal de la dirección de Seguridad Privada a veces los traen a vuelta y vuelta con el pretexto de que el personal que revisa los documentos no se encuentran o están de vacaciones, por lo que sufren atrasos y al mismo tiempo dinero y esfuerzo.
Esto conlleva que las empresas que están debidamente establecidas, trabajen en la ilegalidad y al mismo tiempo contraten personal menos capacitado y cobren más barato.
Durante le misma conferencia, se presentaron ex funcionarios que pertenecían al área de seguridad privada, quienes denuncian acoso laboral, amenazas y hasta despidos injustificados que por denunciar actos de corrupción y de impunidad fueron despedidos injustamente como es el caso del Lic. Armando Cerón Roa, quien denunció, que con una experiencia en el servicio público por más de 25 años ya cuenta con un antecedente negativo para que ya no pueda seguir trabajando en la Administración Pública Federal.
Cerón Roa y otros ex empleados señalan que Martínez de Teresa es un tipo nefasto y déspota que amenaza a sus empleados para que hagan lo que él les pide, de lo contrario los amenazan y hasta los despiden no importando el tiempo que llevan trabajando, hasta con el riesgo de que no les otorguen su liquidación correspondiente, pese a que ni siquiera son notificados por escrito como lo marca la ley, sin que haya una razón poderosa de medio,
Señaló que la Sedena es la que otorga los permisos para portar armas y otorgar los permisos correspondientes, y que Martínez de Teresa dice que le vale madre la Sedena y se la pasa por el arco de triunfo, como el caso de otra ex empleada qua también fue despedida injustificadamente, la amenazó de muerte porque lo grabo con su celular y hasta se lo quito, por lo que sufrió acoso sexual y laboral, pese a que siendo mujer la ley lo protege, pero al funcionario esto no le importo.
Señalaron que en total son más de 10 empleados los fueron agredidos y despedidos injustificadamente sin derecho a su liquidación como lo marca la ley laboral federal y aunque los denunciaron ante el Órgano de Control Interno, siendo que esto fue en septiembre y hasta la fecha no han recibido respuesta del mismo, por lo que exigen que sean respetados sus derechos laborales e reinstalados en sus respectivos.
Como se sabe Martínez de Teresa fue puesto por órdenes por el Subsecretario de Seguridad Pública Federal, Ricardo Mejía Verdeja, quien a su vez fue puesto por el titular, Alfonso Durazo, pese a que el presidente, Andrés Manuel López Obrador había dicho en sus mañaneras que la corrupción y la impunidad ya se habían acabado en su gobierno, pero las mañas y transas de algunos funcionarios persisten como Martínez de Teresa.
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