Por Rebeca Marín
Los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social aprobaron modificaciones al Artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), con lo cual duplican de 12 a 24 meses el pago de salarios caídos de trabajadores que enfrentan un proceso de justicia laboral por despido injustificado.
También aprobaron aumentar al doble el pago de intereses que deberán pagar los empleadores, es decir, de 2% a 4%, mensualmente, si los juicios laborales se prolongan mucho, y sobre la base de 15 meses.
El presidente de la comisión, Napoleón Gómez Urrutia, leyó los cambios propuestos, en los que destacó que "si en el juicio correspondiente no comprueba la persona empleadora la causa de la recisión, la persona trabajadora tendrá derecho, además, cualquier que hubiese sido la acción intentada, a que se le paguen los salarios vencidos computados desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de 24 meses".
Refirió que la otra propuesta indica que: "…Cuando no se ha dado cumplimiento a la sentencia, si al término señalado en el párrafo anterior, no ha concluido el procedimiento, no se ha dado cumplimiento a la sentencia, se pagarán también a la persona trabajadora los intereses que se generen sobre el importe de 15 meses de salario".
Ello, añadió, "a razón del cuatro por ciento mensual, capitalizable al momento del pago, lo dispuesto en este párrafo no será aplicable para el pago de otro tipo de indemnizaciones o prestaciones".
Gómez Urrutia expuso que con esta reforma al Artículo 48 de la LFT se revierte la reforma laboral de 2012, que restringió a sólo 12 meses el pago por salarios caídos y dos por ciento el pago de intereses.
De acuerdo con el senador de Morena, la reforma de 2012 "fue un regalo para los empresarios del (expresidente) Felipe Calderón, quien presentó la iniciativa a un mes de abandonar su mandato", y que fue aprobada en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Vanesa Rubio Márquez, resaltó que se debe cuidar no afectar la competividad y productividad en el país, a fin de dar certidumbre a los inversionistas que llegan al país, pues ellos son los que generan empleos.
En este punto, Gómez Urrutia indicó que este tema no es de competitividad, sino de justicia laboral para el trabajador, quien además de ser despedido injustificadamente, los abogados de las empresas aplican estrategias que alargan los juicios y recordó que hay actualmente 500 mil casos pendientes de resolver.
"Hay 500 mil casos pendientes, me parece increíble que estemos en contra de algo que está defendiendo la justicia laboral para los trabajadores y sus familias, que se quedan totalmente desamparados. La clase empresarial tiene los recursos para esto y más", expuso.
Señaló que las juntas locales de Conciliación y Arbitraje se volvieron los centros de la corrupción laboral del país y los abogados empresariales de estos juicios tienen ventajas ante los trabajadores que demandan, ya que éstos no tienen dinero para pagar un abogado.
En este punto, informó que los sindicatos han defendido a estos trabajadores, para que salgan adelante para despidos injustificados y por justicia laboral en estos juicios, y explicó que cuando entre en vigor el nuevo sistema de justicia federal los juicios se agilizarán.
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