Octubre 24/19
LÍDERES POLÍTICOS
Jesús Belmont Vázquez
Retroceso
*Opacidad de gobierno de la 4T
*Anomalías e irregularidades
Congreso de la Unión.- El gobierno del presidente López Obrador ha significado un enorme retroceso en materia de transparencia y legalidad en el ejercicio de la administración pública; las irregularidades, la opacidad, el conflicto de intereses y el tráfico de influencias, han sido el fiel de la balanza en esta autodenominada Cuarta Transformación.
El señalamiento lo hizo el diputado federal del PRD, Raymundo García Gutiérrez, durante la comparecencia de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, ante el pleno de la Cámara de Diputados en el marco de la glosa del Primer Informe de Gobierno.
García Gutiérrez indicó que los "súper delegados", figura planteada inicialmente como funcionarios todopoderosos en cuanto al control de los programas sociales, ha sido aprovechada para aspiraciones personales, para establecer el nepotismo como práctica común, para continuar con la vieja tradición neoliberal de realizar negocios al amparo del poder.
El diputado puso como ejemplos los casos de Carlos Lomelí (Jalisco), José Ramón Gómez (Tamaulipas), Jaime Bonilla (Baja California) José Antonio Aguilar (Chiapas), Juan Carlos Loera (Chihuahua), Gabino Morales (San Luis Potosí) y Amílcar Sandoval (Guerrero).
El legislador perredista agregó que en "este gobierno, en menos de un año, ha traicionado sus compromisos a la ley en los ciudadanos que votaron por la Cuarta Transformación, por un ejercicio de gobierno transparente, sin influyentismo, sin opacidad alguna".
Los números dan cuenta de ello, dijo Raymundo García.
De 122 mil 55 contratos celebrados durante el presente ejercicio, 80 por ciento se han asignado por adjudicación directa, siete por ciento por invitación restringida y solo 13 por ciento por licitación pública, violando con ello la Constitución Política, la Ley de Adquisiciones y la Ley de Obra Pública.
Incluso –dijo- aquellas adjudicaciones que se realizaron por licitación pública estuvieron plagadas de irregularidades.
Tal es el caso de la millonaria licitación para combatir el sargazo que afecta el turismo en la Riviera Maya, la cual fue asignada a la empresa familiar del coordinador del Tren Maya en Quintana Roo.
Así como la adjudicación directa de tres contratos por un monto de casi 91 millones de pesos para la realización de los estudios de costo-beneficio, asesoría jurídica, desarrollo del plan maestro del Tren Maya; y la adquisición de 600 pipas para enfrentar la crisis de desabasto de combustible, pese a que se trató de una operación con un monto superior a los 81 millones de dólares, se hizo sin licitación alguna de por medio.
Además, sin el acompañamiento de observadores ciudadanos, se entregaron sin concurso tres contratos para el estudio del costo-beneficio, la asesoría jurídica y el plan maestro de la refinería en Dos Bocas en Tabasco, uno de los proyectos insignia de López Obrador.
En la distribución de las tarjetas Bienestar ocurrió algo similar, al encargarlas a Banco Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, empresario televisivo, ahora aliado y consejero del presidente López Obrador que, en una asignación directa, sin licitación, se convirtió en el único banco con esta delicada y jugosa responsabilidad.
También citó el caso del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, quien está señalado por enriquecimiento ilícito y corrupción, ya que gracias a familiares y prestanombres cuenta con un patrimonio con un valor mayor a los 800 millones de pesos.
La diputada panista Josefina Salazar Báez cuestionó a la secretaria Sandoval Ballesteros, sobre por qué aún no se tiene el caso de Manuel Bartlett; cuáles fueron los motivos y las circunstancias que hicieron que tenga en su propiedad 25 casas.
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