Por Rebeca Marin
El combate al lavado de dinero puede constituir una probable violación a los derechos humanos, señala una investigación elaborada por la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez (IBD).
De aprobarse el dictamen enviado a la Cámara de Diputados, la falsificación de facturas se perseguirá por dos vías: fiscal y penal.
Uno de los retos de las reformas consiste en construir nuevas medidas legislativas que atiendan las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto al uso de la prisión preventiva, así como establecer la temporalidad de la misma, a fin de generar certeza jurídica a las personas investigadas con pleno respeto a los derechos humanos.
El documento titulado "Defraudación fiscal y facturas falsas. Apuntes de la discusión legislativa", fue elaborado por las investigadoras María Cristina Sánchez Ramírez y Lorena Vázquez Correa.
Las investigadoras consideran que es importante analizar la posibilidad de implementar medidas alternativas a la aplicación de la prisión preventiva, como pueden ser el arresto domiciliario o mecanismos electrónicos de seguimiento, además de establecer la obligación de realizar una audiencia previa a la imposición de ésta por parte de las autoridades judiciales ante la solicitud del Ministerio Público.
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