Julio 10/19
LÍDERES POLÍTICOS
Jesús Belmont Vázquez
Renuncias
*Una baja más del gabinete
*Revés de la SCJN a AMLO
Congreso de la Unión.- Detrás de la renuncia del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa Macías, se esconde un problema mucho mayor: el autoritarismo y prepotencia con que gobierna el titular del Ejecutivo.
El problema de fondo en torno a la baja del gabinete presidencial no está en la Secretaría de Hacienda, sino en el presidente López Obrador, quien ordena las prioridades presupuestales de su administración.
En una parte de su renuncia, Carlos Urzúa dice: "discrepancias en materia económica hubo muchas. Algunas de ellas porque en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento". Hasta ahí el párrafo en cuestión.
Como todos sabemos, la tarea fundamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es cuidar el equilibrio fiscal, y si el Presidente le ordena destinarle cierta cantidad de recursos a determinado programa, la dependencia le va a recortar a todo lo demás, sea lo mismo al Seguro Social que a la Semarnat, cuyos titulares Germán Martínez Cázares y Josefa González-Blanco, respectivamente, renunciaron en fecha reciente.
En nuestra opinión, las prioridades en la presente administración parecen ser más que nada electorales.
Lo que pretende el Presidente es crear una base electoral pagada con recursos públicos que le proporcione votos en futuros procesos electorales, por lo que sin importar nada está sacrificando el gasto de varias áreas que son vitales -incluso para la marcha del funcionamiento de la estructura de gobierno- con tal de financiar sus programas sociales.
La renuncia de Carlos Urzúa denota también falta de coordinación al interior del gabinete y pleitos que empiezan a darse entre sus miembros, a la par que muestra la mano tan drástica del jefe del Ejecutivo para controlar a su antojo el gasto público.
Otra parte de la renuncia así lo dibuja: "Toda política económica debe de realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que ésta pueda tener y libre de todo extremismo, sea éste de derecha o de izquierda".
El tercer párrafo corrobora nuestra percepción: "Me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés".
A las dimisiones de Carlos Urzúa, Josefa González-Blanco y Germán Martínez, hay que sumarle que la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en más de una ocasión le ha presentado al presidente López Obrador su renuncia, misma que el primer mandatario ha rechazado, pero ello no descarta que en cualquier momento pueda darse. Al tiempo.
Revés a AMLO
Un severo golpe a la Cuarta Transformación, así puede considerarse el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al determinar que funcionarios de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pueden ganar un salario hasta 40 por ciento superior al del presidente López Obrador que es de 108 mil pesos mensuales.
Por mayoría de votos, la Primera Sala del máximo tribunal del país revirtió la negativa de suspensión para que los trabajadores de dichos organismos autónomos pudieran mantener el sueldo que percibían de acuerdo al presupuesto de 2018.
Los ministros de la Suprema Corte revisaron dos recursos de reclamación interpuestos por la Cofece y la CNDH en contra de los acuerdos que negaron concederles la suspensión a la aplicación de la Ley de Salarios.
La semana pasada, la Segunda Sala de la Corte desechó un proyecto que proponía confirmar la negativa de suspensión solicitada por el INEGI en la controversia constitucional que presentó contra el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, en el que se aplicó la reducción salarial para que sus trabajadores no ganen más de 108 mil pesos mensuales.
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