Estos son los hechos violentos en Veracruz que el gobierno ocultó, denuncian periodistas
*Un grupo de 87 periodistas veracruzanos emitió un comunicado para denunciar que el nuevo gobierno de Miguel Ángel Yunes no informó sobre determinados hechos violentos en la entidad. La Fiscalía contestó que se ciñen a la ley y no a "inercias" de otras administraciones con los comunicadores.
Redacción
Al menos cinco hechos violentos ocurridos en Veracruz, desde que Miguel Ángel Yunes tomó posesión como gobernador el pasado mes de diciembre, no han sido informados por la Fiscalía General del Estado a la sociedad.
Así lo denunció un grupo de 87 periodistas veracruzanos en un comunicado, en el que aseguran que en la entidad se ha producido un "cerco informativo" por parte las autoridades ministeriales para no informar sobre determinados hechos violentos en la entidad, como asesinatos masivos o la aparición de cadáveres en fosas clandestinas, ni sobre la puesta en libertad de exfuncionarios de la anterior administración del priista Javier Duarte.
La Fiscalía, por su parte, alegó que se ajusta a la ley para proteger la presunción de inocencia de las personas implicadas en sucesos violentos, así como los datos de posibles víctimas o afectados.
Los casos
En el texto firmado por reporteros, editores, corresponsales, fotógrafos y algunos directivos de medios de comunicación, el grupo de periodistas expone "cinco casos puntuales" en los que el gobierno de Veracruz no ha dado información oficial, o se ha demorado en hacerlo.
El primero fue en diciembre de 2016, cuando se produjo la aparición de una camioneta con ocho cadáveres en el municipio veracruzano de Nogales. "Hasta la fecha no se ha tenido información de los hechos", señalaron los reporteros.
Tras una revisión de los comunicados de la Fiscalía, Animal Político no encontró información oficial sobre este suceso. Sin embargo, el gobierno del estado vecino de Puebla, a través de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP), sí publicó un comunicado oficial relacionado con este caso.
El segundo fue la liberación de Leonel Bustos Solís, el exdirector del Seguro Popular durante las administraciones priistas de Javier Duarte y Fidel Herrera.
Bustos Solís fue detenido por la Fiscalía de Winckler acusado de haber desviado 2 mil 300 millones de pesos y puesto en prisión preventiva. Sin embargo, tras 11 días en la prisión de Pacho Viejo, fue puesto en libertad tras concedérsele un amparo para continuar su proceso en libertad. De acuerdo con la denuncia de los reporteros, "tuvieron que pasar más de 16 horas para que la Fiscalía confirmara dicho evento y diera a conocer qué acciones tomaría".
El tercer caso: el 2 diciembre de 2016 "hubo una serie de enfrentamientos armados que derivaron en la muerte de 20 civiles en Jesús Carranza". Hechos que no fueron informados por la Fiscalía, según la denuncia de los reporteros, aunque sí lo hizo días más tarde, el 6 de diciembre, el gobernador Yunes, tal y como dan cuenta notas de medios locales y nacionales.
El cuarto. El 29 de diciembre de 2016, medios estatales publicaron el homicidio de una madre y de su hija de ocho años en el municipio de Las Choapas. Pero la Fiscalía no emitió comunicado oficial sobre el suceso. Asimismo, ya en enero de 2017, "no se emitió ni una línea sobre el rapto y homicidio de tres oficiales de la policía municipal" en este mismo municipio.
Y el quinto. Tampoco se informó de manera oficial sobre la identificación del exfiscal de Cardel, Pedro Huesca, y su secretario, "quienes aparecieron en las fosas clandestinas de Colinas de Santa Fe", en el puerto de Veracruz.
De acuerdo con los periodistas veracruzanos, estos son "algunos de las decenas de casos" que la Fiscalía veracruzana no ha informado a la sociedad, "lo que confirma que hay un cerco que atenta contra los veracruzanos".
Fiscalía responde que se ciñe a la ley "y no a costumbres de otras administraciones"
Por su parte, la Fiscalía General de Veracruz contestó emitiendo otro comunicado en el que aseguró que, en materia de difusión de información, se ciñen a lo que establece la Ley "y no a costumbres o a la inercia de otras administraciones".
La Fiscalía recordó que, de acuerdo con la guía de actuación para la comunicación social en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, el acceso a la información "admite restricciones" cuando se ponen en riesgo, o se vulneran, los derechos de detenidos, imputados, víctimas u ofendidos, "así como de los sujetos de un procedimiento penal".
"La Fiscalía no difunde información que pone en riesgo la vida, seguridad o salud de persona alguna; ni que obstruya la prevención o persecución de los delitos", expuso la dependencia.
Asimismo, añadió que tampoco difunde información sobre casos "que se encuentren contenidos en investigaciones ministeriales, que afecte a derechos de procesados, lo cual no da lugar a especulaciones que agravarían la situación de una persona señalada por la probable comisión de un delito".
Comisión de Protección a periodistas pide no confundir debido proceso con "censura previa"
Mientras que la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) recordó que, aunque las autoridades deben garantizar los principios de presunción de inocencia, debido proceso y reserva de identidad de las víctimas, esto "no debe confundirse con la omisión de información, censura previa a periodistas, o la discrecionalidad de los actos de autoridad".
"Dichos principios en ningún sentido limitan a la autoridad a proporcionar información de interés público", apostilló la CEAPP en un comunicado, en el que detalló que inició un "procedimiento de atención" acerca del "cerco informativo" que denuncian los comunicadores, mismo que expondrán al fiscal Jorge Winckler Ortiz en una próxima reunión.
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