Padrés Elías estuvo tras la rejilla de prácticas cuando se le informó la decisión tomada durante una audiencia celebrada en el citado Juzgado, ubicado en el Reclusorio Preventivo Oriente de la Ciudad de México.
En el mismo acto, el juez le notificó del inicio del juicio en su contra y de los derechos que tiene de apelar la formal prisión, así como aportar las pruebas de descargo que a su derecho convenga.
Además, le hizo saber que no tiene el beneficio de la libertad bajo fianza, debido a que los delitos que se le imputan son considerados como graves en el viejo sistema penal con el que será juzgado.
Es decir, Padrés Elías permanecerá recluido el tiempo que dure el juicio, que podría ser al menos ocho meses.
"Vamos a combatir esto con todos los elementos jurídicos que tenemos. Esto es un primer capítulo, sabíamos perfectamente que éstas eran las posibilidades, es algo desagradable pero es una decisión que vamos a combatir", dijo Antonio Lozano Gracia, abogado de Padrés Elías.
A su salida del juzgado, aseguró que en los seis días previos al dictado de formal prisión, el exmandatario sonorense aportó diversas pruebas para desvirtuar la acusación de la PGR.
Igualmente, acusó al Ministerio Público de la Federación de haber "rasurado" el expediente que consignó ante el Juzgado, pues no presentó pruebas que Padrés Elías ya había aportado, tales como declaraciones, dictámenes contables, estado de cuenta y registros del proyecto minero que avalan la transferencia de 8.8 millones de dólares.
En las próximas horas se definirá la situación jurídica de Padrés Elías y su hijo Guillermo Padrés Dagnino, por lo que hace a las acusaciones por delincuencia organizada.
Padrés Elías seguirá por videoconferencia dicha audiencia, que se celebrara a las 15:00 horas, aproximadamente, en el Juzgado Cuatro de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en el penal El Altiplano.
Guillermo Padrés Elías y su hijo fueron detenidos el pasado jueves, con base en órdenes de aprehensión libradas por jueces federales, por intentar lavar 312 millones de pesos de procedencia ilícita, de los cuales 178 provenían del erario estatal.
Según la acusación de la PGR, el exmandatario creó un entramado de empresas, en el que están implicados más familiares, así como personas cercanas a él, para tratar de ocultar los recursos de procedencia ilícita.
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