*Exigen la destitución del encargado del Autotransporte de Carga de la PFP, Carlos Chávez Hermida
* Recibos demuestran el grado de impunidad en autopistas
Lino Calderón
Las diversas Cámaras empresariales del autotransporte de carga, como la Asociación Mexicana de Trasportistas AC ( AMTAC), la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) y la Cámara Nacional de Transportistas Mexicanos, y algunos miembros de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) denunciaron el aumento indiscriminado de extorsiones por parte de elementos de la Policía Federal adscrita a la inspección de caminos y autopistas federales.
Los transportistas organizados del país denunciaron una red de policías federales extorsionadores en prácticamente todo el norte del país e incluso que operan en autopistas y carreteras del centro como es el caso de Tlaxcala, los cuales les exigen a las empresas y a los choferes cuotas que van de entre cinco a 10 mil pesos semanales para que puedan cubrir sus ser servicios de transporte de carga o pasajeros a sus destinos.
Muchos de los extorsionadores contantemente amagan a los transportistas de productos perecederos y alimentos por lo que tienen que verse obligados a pagar su cuota “obligatoria”.
Documentos que hicieron llegar a unomásuno en dos PDFs muestran el alto grado de corrupción que priva en las comandancias de la Jefatura Regional de la Policía Federal algunas y en ellas se detallan los recibos de pago y que son cobrados por elementos adscritos a la Policía Federal
De acuerdo con los transportistas organizados, ya llevaron la queja a la Cámara de Diputados y al Senado de la República para denunciar con pruebas las extorciones que hacen estos elementos comandados por el Director de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, Raúl Castillejo Solís, y el encargado del Autotransporte de carga, Carlos Chávez Hermida ya que les piden semanalmente grandes sumas de dinero para permitir hacer su trabajo.
Los transportistas también prevén interponer una queja ante la Comisión de Derechos Humanos y denuncias ante la SSPF para denunciar los hechos y dijeron tener las pruebas de la extorsión ya que hay más de 600 empresas afectadas.
Los transportistas aseguran que los policías federales e incluso los funcionarios de la SCT los acusan de violaciones severas a la las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y otros delitos inexistentes.
En los recibos en cuestión
Los recibos
-El primero de ellos a favor de Elizabeth Medina depositado en la cuenta HSBC 6436609238, con un valor de tres mil 500 pesos realizada el 6 de mayo de 2016 en Sucursal 0256-Allende en Nuevo León. Y pagada al parecer por la empresa Walle de San Luis Potosí.
-El segundo recibo está a favor de Ismael Gonzáles Espinoza en la cuenta Banamex 5204163562553197 con un valor de tres mil pesos realizado el tres de mayo de 2016 en la sucursal 439 en Allende Nuevo León y pagado por Tlaxcala Especializada.
-El tercer recibo a favor de un elemento de la PFP Zacatecas, depositado en el OXXO de Edison Norte número 1235, Colonia Talleres en Monterrey Nuevo León, pagado al parecer por la empresa Arcadia, a favor de la cuenta de Banamex-Saldazo 4766840276914390. Con un valor de tres mil pesos
-El cuarto recibo a favor del elemento de la PFP Pablo Flores, en la que la empresa Huizache San Luis Potosí, al parecer pago 2 mil 500 pesos a la cuenta 4766840253323096, en el OXXO 1235 de Allende Nuevo León.
-El quinto recibo a favor de un elemento de apellido Camacho , con un valor de 4 mil pesos, y la empresa extorsionada fue Zacatecas Especializada, realizado a la cuenta de Banamex 4766840262681492.
-El sexto recibo fue pagado a favor del elemento de la Policía Federal Daniel Romero Paredes con la cuenta de BBV-Bancomer 2927983662, con un valor de cuatro mil 500 pesos, pagado por una empresa de transporte de Saltillo Coahuila.
-El séptimo recibo fue cobrado por el elemento Guillermo Guzmán de la adscripción de la PFP en Pánuco, Veracruz con una valor de dos mis pesos a la cuenta BBV-Bancomer 1271252380
-El octavo recibo indica que fue cobrado por el elemento de la PFP Nuevo León de nombre Ivan Zitle, con un valor de mil 500 pesos en la cuenta de Banamex 4766840300686693.
-El noveno recibo está a favor de José Domínguez García, quien trabaja para un tal superior de nombre Puma Beltrán y fue pagado en Fresnillo Zacatecas de la cuenta de BBV-Bancomer 2738024316.
Los transportistas del país aseguran tener casi una veintena de recibos más pero están en la reserva de ser denunciados y confirmado los datos, pero el modus operandi que se realiza en Nuevo León es una constante en varias partes del país donde la Policía Federal supervisa diversos camiones de carga y autotransporte de pasajeros.
Prueba de las numerosas extorsiones son las que también realizan miembros de la Dirección Federal del Autotransporte Federal, organismo dependiente de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
Crece el malestar
En abril también un grupo de transportistas de la Cámara nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo protestaron en Ciudad Juárez frente a la Comisaría de la Policía Federal, donde denunciaron que lo elementos los extorsionan a cambio de dejarlos trabajar.
Salvador Parra Mora, secretario general de la Federación del Autotransporte y Turismo en esta frontera, dijo a varios medios que las cuotas ilegales van desde los 200 hasta 15 mil pesos por camión.
Alrededor de cinco unidades y unos 30 transportistas afectados se colocaron, frente a las instalaciones de la Comisaría de la Policía Federal, en el kilómetro 30 de la carretera Panamericana, como medida de protesta.
Recurrentes extorsiones
Desde febrero de este año también un grupo de transportistas acudirá a las autoridades federales a denunciar las extorsiones de que son objeto operadores de tracto camiones y demás vehículos de carga, por funcionarios y ex funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Querétaro, adscritos a la dirección general de Autotransporte Federal, a cargo de Adrián del Mazo Maza.
Los inconformes revelaron nepotismo y usurpación de funciones en el Centro de Pesaje y Dimensiones de Calamandra, además “hay un terrorismo administrativo” contra empresarios, y señalaron como responsable al subdirector de Autotransporte Federal, Manuel Alberto Alcocer Leos.
Ello, pues a pesar de haber sido dados de baja como funcionarios en el estado, continúan “trabajando” familiares, de Alcocer Leos, quien se dice “apadrinado” por Adrián del Mazo, director de Autotransporte Federal, quien a su vez es hijo del ex gobernador mexiquense, Alfredo del Mazo.
Diariamente tienen pérdidas millonarias debido al “entre” que deben de dar a los servidores públicos, por lo que los afectados exigen al titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, remover de sus cargos a dichos personajes.
De acuerdo con su representante legal, “los transportistas son obligados a entregar una cuota mensual que va de los cinco a diez mil pesos por unidad, independientemente de que tanto Manuel Alcocer y su yerno, Isaac López Melchor, trafican con permisos federales, cambiando la adscripción de las entidades a su conveniencia”.
Manuel Alberto Alcocer Leos, subdirector de Transporte Federal en la delegación Querétaro, tiene adscritos como funcionarios “pirata” a su hija, Margarita Alcocer Ortiz y también a Isaac Melchor López Reyes, quien es esposo de la anterior, es decir su yerno.
Subrayó lo anterior al mostrar un documento conforme al oficio número 307-A-4795, girado el 7 de diciembre de 2015, donde se hace saber que se tienen que recortar las plazas y ser destituidos; pero siguen en funciones de manera ilegal, reiteraron los quejosos.
Asimismo, pidieron a la Secretaría de la Función Pública y la PGR, investigar dichas anomalías, pues se trata en los hechos de una clara “usurpación de funciones”.
Como prueba adicionales a su demanda, ofrecieron copias de documentos oficiales y testimonio de los operadores de los vehículos a quienes en el Centro de Pesaje y Dimensiones de Calamandra, Querétaro, son extorsionados con argumentos como que exceden de peso o dimensiones, además de transportar materiales peligrosos, entre otros señalamientos, por lo que tienen que dar de “mordida”, entre cinco o diez mil pesos por unidad como mínimo, de lo contrario los amenaza con ingresar al corralón correspondiente.
Los quejosos indicaron que de no ser escuchados en sus demandas, empezarían con realizar bloqueos carreteros o en su defecto dejar de transportar mercancías y materiales, lo que afectaría gravemente una cadena de la economía del país.
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