PGR CUMPLIMENTA 300 ORDENES DE APREHENSIÓN POR DELITOS ELECTORALES EN QUINTANA ROO Y YUCATÁN
La Procuraduría General de la República (PGR), cumplimentó 300 órdenes de aprehensión por delitos electorales contra personas de Yucatán que fueron llevados a Quintana Roo para votar a favor del PRI, mediante la operación "Turismo Electoral", luego de que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), encontró pruebas suficientes que los señalan como responsables, tras las denuncias presentadas en el 2013.
Al respecto, el senador del Partido Acción Nacional, Daniel Ávila Ruiz, explicó que esa misma operación se pretende volver a hacer en Quintana Roo, con la complicidad del actual Gobernador Roberto Borge, para hacer ganar al candidato del PRI, Mauricio Gongora.
Explicó que en la elección pasada, detectaron más de cinco mil personas de Yucatán que fueron llevados a Quintana Roo, para sacarles credencial de elector y hacerlos votar a favor del PRI y que desde hace cinco años presentaron las denuncias ante la FEPADE de la PGR, donde ahora se han librado ya 300 órdenes de aprehensión en contra de yucatecos que cometieron ese delito electoral que se denomina "Turismo Electoral".
La próxima semana se realizarán las elecciones para gobernador en 12 estados y en el caso de Quintana Roo surgieron acusaciones en contra del actual gobernador Roberto Borge a quién señalan de estar alterando el padrón electoral y sobre todo intentando comprar votos para el candidato de su partido.
El legislador panista Daniel Ávila Ruiz, explicó que desde el 2013 ha realizado una serie de acciones para combatir el denominado Turismo electoral. El 8 de mayo de 2013, presentó denuncia ante el IFE, para investigar hechos de turismo electoral que se presentaron entre los Estados de Yucatán y Quintana Roo -cambios de domicilios atípicos de Yucatán a Quintana Roo-.
Comentó que el 29 de mayo de 2013, el IFE informó sobre el número de cambio de domicilio de Yucatán a Quintana Roo, durante el 6,122 ciudadanos hicieron su cambio de domicilio de Yucatán a Quintana Roo, durante el último año. El 4 de junio de 2013, presentó denuncia penal ante la FEPADE, donde se denunciaron hechos constitutivos de delitos, de los denominados de turismo electoral, por el cambio de domicilio atípico de 88 ciudadanos de Yucatán a Quintana Roo.
El senador Daniel Ávila Ruiz, agregó que el 18 de junio de 2013, presentó ampliación de denuncia ante FEPADE, por hechos de turismo electoral consistentes en movilizaciones de entre 3 mil y 4 mil ciudadanos de Yucatán a Quintana Roo, y cambio de domicilio ante el IFE. El 28 de junio de 2013, presentó ampliación de denuncia ante FEPADE, por el cambio de domicilio atípico de 1,388 ciudadanos de Yucatán a Quintana Roo.
Detalló,que el 4 de julio de 2013, presentó ampliación de denuncia ante FEPADE, para ofrecer nuevas pruebas por hechos de turismo electoral consistentes en movilizaciones de entre 3 mil y 4 mil ciudadanos de Yucatán a Quintana Roo, y cambio de domicilio ante el IFE. La FEPADE dio curso a las denuncias y a la fecha ha informado al Senador sobre el número de averiguaciones previas, ordenes de aprehensión y consignados.
El 4 de julio de 2013, presentó denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación, por irregularidades en el uso de recursos públicos federales otorgados a los Ayuntamientos de Tizimín y Panabá, para incidir en el proceso electoral del 2013 en Quintana Roo. El 5 de noviembre de 2014, presentó ampliación de denuncia ante el INE, para ofrecer pruebas por movimientos atípicos en el padrón electoral, consistentes en cambios de domicilio de 1,137 ciudadanos de Quintana Roo a Yucatán.
De acuerdo con información pública al mes de abril de 2016, la PGR dio a conocer que el incremento de delitos electorales entre 2011 y 2015; con consignaciones de presuntos responsables.
En abril de 2016, el senador del Partido Acción Nacional presentó dos Iniciativas, por las que propone reformar la Constitución, así como la Ley General en Materia de Delitos Electorales, y el Código Nacional de Procedimientos Penales, con la finalidad de otorgar al Estado Mexicano instrumentos jurídicos eficaces para combatir y erradicar de una vez por todas el denominado "Turismo electoral"; un cáncer que lacera nuestros procesos electorales, y que es constante en los 31 estados de la República Mexicana y la Ciudad de México
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