Enjuiciamiento contra líder oaxaqueño remueve
podredumbre en estructura de "Testigos protegidos" de PGR
*La PGR invirtió durante el sexenio pasado más de 200 millones en testigos protegidos
Lino Calderón
El enjuiciamiento y consignación de un líder social en Oaxaca removió una serie de estructuras corruptas del programa de "Testigos protegidos", apoyado y fomentado por la Procuraduría General de la República (PGR), quién durante el pasado sexenio de Felipe Calderón Hinojosa invirtió más de 200 millones de pesos manejar este mecanismo. Sin embargo el mecanismo se ha agotado y han comenzado a salir una estela de corrupta, denunció el diputado Jefte Méndez Hernández..
"Resulta injusto e indignante que durante la administración del ex presidente Felipe Calderón la PGR haya gastado más de 200 millones de pesos a testigos protegidos, quienes en realidad son verdaderos y peligrosos delincuentes, para que formularan cargos y proporcionaran información falsa, prefabricada en ocasiones por la propia autoridad, para fungir como testigos en por lo menos unos 300 juicios contra militares, policías federales, estatales y municipales, empresarios y familiares de personas que en algún momento pudieron haber tenido problemas legales para enviarlos a prisión y con ello jalar los reflectores y aparentar ante la opinión pública su eficiencia", explicó el legislador local .
Mientras cientos familias de policías de los tres niveles de gobierno, militares, políticos, empresarios, comerciantes, prestadores de servicios, contadores públicos, pilotos aviadores y corredores de bienes raíces, entre otros, enfrentan "graves y severos problemas" generados por la presunta comisión de conductas relacionadas con la delincuencia organizada, cientos de familias de testigos protegidos, en quienes la pasada administración de la PGR "invirtió" más de 200 millones de pesos, habitan lujosas residencias, asisten a colegios particulares, son trasportados en lujosos vehículos y cuentan con personal de custodia, ello merced a los "favores" que hicieron a la procuración y administración de justicia.
Acompañado por representantes de organizaciones sindicales y luchas sociales relacionadas con la minería, el trasporte, la ecología, el deporte, el comercio, la industria y otros sectores productivos del estado de Oaxaca, el legislador oaxaqueño viajó a la ciudad de México a efecto de solicitar audiencia al procurador general de la República y al secretario de Gobernación, Jesús Murillo Karam y Miguel Ángel Chong, respectivamente, para exponerle de "vida voz" el injusto encarcelamiento del ex presidente municipal de San Pedro Totolapa, diputado y líder sindical de la Confederación de Trabajadores de México, Luis Díaz Pantoja, quien se encuentra preso en un penal federal de Sonora debido a las infundadas y calumniosas imputaciones que hicieran en su contra, al igual que de su hermano Mario, los testigos protegidos "El Pitufo" y "El Paco".
"Estas dos personas o delincuentes afirmaron que los hermanos Díaz Pantoja, cuya trayectoria profesional y política es reconocida en la entidad, formaban parte fundamental del Cártel del Istmo, organización criminal que jamás ha existido y por consiguiente no cuenta con una estructura operativa y financiera ni tampoco se le hicieron decomisos o detenidos otros de sus supuestos miembros, pero que las autoridades policiales y ministeriales federales emplearon para detener, el ocho de octubre del año pasado en la ciudad de México, al legislador, a quien dejaron, junto con su hermano en completo estado de indefensión, sin que a la fecha se le haga justicia".
De acuerdo a Méndez Hernández, Humberto Barrón, líder minero; Noemí Ramírez, líder transportista, Jorge Douglas, luchador social y ambientalista; Francisco Gómez Durán, dirigente deportivo; Francisco Flores, representante de los economistas y las esposas de los ahora procesados, Patricia Luján y Soraya Ortiz, en la detención y consignación de los inculpados jugo un papel preponderante el hecho de que sean sobrinos de Pedro Díaz Parada, a quien durante años se le relacionó con el narcotráfico en la entidad. "El hecho de que algún pariente haya incurrido presumiblemente en conductas delictivas no significa que el resto de sus familiares sean delincuentes, como se le explicó en su momento, mediante una carta, al ex presidente Felipe Calderón, a quien todo parece indicar le molestó mucho el comentario".
En la oportunidad, los quejosos, quienes también hicieron un llamado de auxilio a la subprocuradora Mariana Benítez Tiburcio, su paisana, solicitaron al Poder Judicial de la Federación ponga orden en los juzgados de distrito en materia de procesos penales federales y ordene que los reos sujetos a proceso lo enfrenten en tribunales ubicados en la entidad del mismo penal. "En el caso de Luis, de profesión ingeniero, éste estaba avecindado en Oaxaca, es detenido en el Distrito Federal, procesado en el juzgado cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales del Estado de México y confinado en el penal federal de Hermosillo, Sonora, lo que resulta aberrante".
Expusieron que se han presentado todo tipo de pruebas que avalan la inocencia de los hermanos Díaz Pantoja y que incluso los testigos protegidos, es decir "El Pitufo" y "El Paco", jamás han dado la cara ni se sabe ya nada de ellos. "Han sido empleados en decenas de casos por la Procuraduría General de la República y ahora resulta que el primero ya fue "jubilado" y el segundo ya no existe, mientras que los hermanos continúan en prisión por el simple hecho de que son sobrinos de Díaz Parada y enviaron misiva al ex presidente Calderón afirmando que el hecho de que fueran parientes de Pedro no significada que toda la familia fuera delincuente o estuviera relacionada con el crimen".
Se destacó que han solicitado la ayuda de organismos internacionales de derechos humanos y del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, a los que han expuesto las injusticias, abusos y arbitrariedades cometidas por el Ministerio Público Federal en agravio de los hermanos Díaz Pantoja, quienes son ampliamente conocidos y reconocidos en Oaxaca por su ayuda al prójimo y servir a la comunidad en su conjunto, "lo que no ha sido valorado por las autoridades, las que todo indica no han valorado ni tomado en cuenta las pruebas aportadas por la defensa de los ahora procesados, quienes lo único que quieren es que se les juzgue conforma a derecho".
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