Las diputadas locales María Gabriela Salido Magos y Dinorah Pizano Osorio, solicitaron actualizar la Norma 26 para acabar con su mal manejo y la opacidad en su uso por constructoras y desarrolladoras inmobiliarias del Distrito Federal.
Al participar en el foro de análisis de la Norma General de Ordenación 26, Salidos Mago señaló que la suspensión de ese precepto en tres ocasiones demuestra la tardía capacidad de respuesta de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), que no presentó un instrumento que subsane las deficiencias y problemas de ese.
La asambleísta del Partido Acción Nacional (PAN) dijo que se recibieron denuncias constantes de ciudadanos y diferentes fuerzas políticas sobre "el mal manejo de la norma, su opacidad y las consecuencias incluso en términos de seguridad".
La presidenta de la Comisión de Protección Civil de la ALDF sostuvo que "la suspensión de la Norma 26 demuestra un poco nuestra capacidad de respuesta, que es tardía, en virtud de que ha sido una norma que se ha tenido que suspender en tres ocasiones".
"Aún así no hemos estado en la posibilidad de hacer una presentación formal a la sociedad de un instrumento legislativo y normativo que permita subsanar las deficiencias y los problemas que ha generado la norma actual", aseveró Salido Magos.
Recordó el caso de las colonias Granada y Ampliación Granada, en las que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda tiene suspendida la recepción de trámites porque ya no es sostenible, pues si se presentara una situación de desastre natural sería muy complicado evacuar la zona.
A su vez, Pizano Osorio mencionó la problemática de construcciones que existe en la delegación Benito Juárez, y explicó que de acuerdo a la Norma 26 el costo de una vivienda no puede sobrepasar los 709 mil pesos.
Sin embargo, señaló algunos ejemplos de construcciones amparadas bajo la Norma 26, donde el costo de las viviendas superan el precio máximo, como en la calle Prolongación Uxmal número 11, colonia Pedro María Anaya, que cuestan dos millones 500 mil pesos.
También, refirió la legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), está el caso de la calle Bruno Traven número 93, en la misma colonia, donde el costo es de dos millones 346 mil, "y un caso particular en la colonia San José Insurgentes en Acordada 100, que tiene un valor de seis millones 500 mil pesos.
Advirtió que además del abuso económico que esto implica, las construcciones que no son reguladas y están bajo el amparo de la ilegalidad afectan los derechos de las personas que colindan con estas construcciones, así como los servicios generales de toda la colonia.
Por ello, indicó, la ALDF pretende garantizar que las construcciones se lleven a cabo apegadas a derecho, y sobre todo que no dañen el derecho al vecino colindante pues "no es posible generar un beneficio para unos pocos, en decremento del derecho de los otros".
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