El presidente de la Asociación Americana de Abogados (ABA), James R. Silkenat, urgió hoy al Procurador General de Texas, Greg Abbott, asegurarse de que el mexicano Edgar Tamayo Arias, condenado a muerte, tenga la completa y justa revisión de su caso.
Tamayo, originario de la comunidad de Miacatlán, en el estado mexicano de Morelos, fue sentenciado a la pena capital para el próximo 22 de enero, por el asesinato del policía Guy P. Gaddis, en Houston, Texas, el 31 de enero de 1994.
El reo, de 45 años de edad, es uno de los 51 mexicanos sentenciados a muerte amparados por el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el Caso Avena, que ordena a Washington revisar todos sus casos ya que en los arrestos y juicios les fueron violadas sus garantías como ciudadanos extranjeros.
Cuando fue detenido en 1994, Tamayo nunca fue informado de su derecho como ciudadano mexicano a recibir la ayuda de las autoridades consulares de su país, en conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
Tamayo no ha recibido ninguna revisión judicial alguna para evaluar la evidencia de que la asistencia consular podría haber evitado la imposición de la sentencia de muerte en su caso.
En una carta enviada al procurador y difundida este lunes, Silkenat recordó a Abbott que Texas reconoció hace seis años "la sensibilidad internacional presentada por el caso Avena" y el "mínimo" costo de cumplir con él, comprometiéndose a apoyar la revisión judicial y la reconsideración de casos como el de Tamayo.
"Es tiempo de cumplir ese compromiso", escribió Silkenat en la misiva.
Silkenat también expuso al procurador, que Tamayo sufre de dos trastornos mentales reconocidos derivados de una lesión en la cabeza que afecta su capacidad para controlar los impulsos y regular el comportamiento agresivo.
Exámenes han determinado que Tamayo tiene un coeficiente intelectual de aproximadamente 67 y mayores limitaciones en el funcionamiento adaptativo.
"Este es precisamente el tipo de pruebas atenuantes fundamentales que deben ser presentadas a un jurado de castigo capital, sin el cual ningún juicio de pena de muerte puede cumplir con las normas mínimas de justicia", escribió Silkenat.
"Le urjo a que se asegure de que el caso de Edgar Tamayo obtenga la completa y justa revisión a la que la Procuraduría General de Texas se ha comprometido a efectuar en este tipo de casos", dijo el presidente de la ABA, asociación que agrupa a unos 400 mil abogados en Estados Unidos.
Tamayo está en riesgo de convertirse el próximo 22 de enero en el noveno reo mexicano en ser ejecutado en Estados Unidos desde 1993, cuando Ramón Montoya Facundo, se convirtió en el primer connacional al que se le aplicó la pena capital.
Texas ha realizado siete de las ocho ejecuciones. La única fuera de esta entidad fue la del mexicano Benjamín Mario Murphy, a quien se le aplicó la inyección letal en Virginia, el 17 de septiembre de 1996.
FGR
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