Los consejeros del IFE advirtieron que la aprobación de la minuta de reforma política-electoral generaría una parálisis en el Consejo General, derivada de las complicaciones presupuestales que tendrá atraer o delegar funciones entre el naciente Instituto Nacional Electoral (INE) y los 32 órganos locales. En el documento de 20 fojas titulado "Observaciones a la minuta de reforma electoral", la calificaron de incierta e imprecisa, lo que pone en riesgo la operación de elecciones e incluso "se perfilan conflictos competenciales entre los órganos locales y el INE", ante la carencia de un modelo institucional electoral.
Además "se pronostican pérdidas de recursos y parálisis derivadas de las complicaciones presupuestales de la atracción o delegación de funciones entre INE y órganos locales", resaltaron la consejera presidenta del IFE, María Marván Laborde, y los consejeros Marco Antonio Baños Martínez, Lorenzo Córdova Vianello y Benito Nacif.
Señalaron que, adicionalmente, los artículos transitorios "no prevén la ruta para transitar del IFE al INE, abriendo vacíos legales que no salvaguardan ni las garantías y la operación de servicios importantes para la gobernabilidad y para los ciudadanos, pues no hay una previsión sobre los derechos y obligaciones actuales del IFE".
Incluso se advierte que el octavo transitorio incurre en una contradicción con el texto normativo, pues delega funciones de capacitación electoral a los organismos locales, cuando normativamente se encuentran previstas para el INE.
De tal suerte los consejeros consideraron que la regulación de conflictos y actividades electorales locales podría saturar la agenda del nuevo organismo, restándole efectividad en la realización de elecciones federales.
Mientras que la incidencia del INE en los procesos electorales locales "abriría un frente de controversias adicional a los trabajos de su Consejo General, lo que contaminaría la relación con los partidos nacionales por temas locales o que exista parálisis en el órgano máximo de dirección".
Opinaron que la minuta carece de un modelo de institución electoral, lo que dificulta garantizar que se mantengan los altos estándares de realización y regulación de los procesos electorales que se han tenido.
Señalan imprecisiones como la desaparición de la Unidad de Fiscalización, en donde se prevé que la atribución sea trasladada al Consejo General para que sea el responsable de dicha función.
Marván Laborde, Baños Martínez, Córdova Vianello y Nacif Hernández criticaron el que la propuesta no "olvide" que este órgano está integrado por representaciones de los partidos políticos y representantes de los distintos grupos parlamentarios.
Por lo que se plantea, aseveraron, que un órgano integrado por los propios sujetos a fiscalizar sea el responsable de realizar la fiscalización.
Además que el Consejo General puede delegar esa función en un órgano técnico sin especificar el mismo, bajo qué circunstancias puede operar dicha delegación y si el órgano técnico garantiza la autonomía y especialización necesarias para el trabajo de fiscalización.
"Lo anterior supone que la falta de claridad abre la posibilidad de que los partidos políticos puedan incidir en las investigaciones sobre los procesos de fiscalización y los procedimientos sancionadores derivados", resaltaron.
En tal sentido, opinaron que el hecho de que el INE se encargue, a petición del partido, de realizar pagos a proveedores y prestadores de servicios genera un régimen financiero diferenciado entre los partidos políticos, "incierto y riesgoso".
En el rubro titulado Educación Cívica, criticaron que en la minuta "se renuncia a una política de Estado para la educación cívica nacional al delegar tal atribución a los órganos estatales, lo que implica estrategias sin ejes rectores que incluso pueden desembocar en contradicciones".
"Lo anterior genera una problemática grave, pues acorde a lo señalado por el PNUD uno de los problemas de la región y, particularmente de nuestro país, es la construcción de ciudadanía", enfatizaron.
Respecto a las causales de nulidad para comicios federales y locales contempladas en la minuta, resaltaron las tres causales: que se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado.
Además que se adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley y se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.
No obstante, precisaron que en el caso de éstas dos últimas la autoridad "puede detener sus efectos a través de la aplicación de procedimientos sancionadores".
Respecto de la causal de nulidad relacionada con el exceso en el gasto de campaña, recordaron que solamente puede surtirse una vez que la autoridad administrativa dictamine y resuelva en Consejo General sobre la fiscalización de dichos gastos.
Esa situación implica la necesidad que dicha resolución "sea emitida con la anticipación suficiente para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación conozca de manera previa a la declaración de validez, tratándose de la elección presidencial".
Además de que "resuelva los medios de impugnación respecto de las elecciones de diputados y senadores, según el caso. Cuestiones que no se prevén en la minuta", expusieron.
Es decir, no se expresa de manera clara cuál es el alcance de la expresión "expedita y oportuna durante la campaña electoral" y "no se hace referencia a la exhaustividad en la revisión de los informes, elemento fundamental frente a los efectos que implica la actualización de una causal de nulidad".
Por tanto, consideraron que "debe establecerse a nivel constitucional que la conclusión que el tribunal valore, sólo para tener por acreditada la nulidad en materia de fiscalización, debe ser firme y definitiva antes de la toma de posesión de los funcionarios públicos".
FGR.
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