El titular de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Rodolfo Ríos Garza, aseguró que no se tiene acreditada que alguna persona o partido político haya instigado desde diciembre de 2012 y hasta la fecha a grupos anarquistas para cometer actos violentos durante las movilizaciones.
Apuntó que las indagatorias continúan abiertas para determinar si existe algún vínculo entre esos grupos u opositores al Gobierno del Distrito Federal.
"Inicialmente se hicieron por algunos temas federales y evidentemente suceden en la ciudad de México, pero no se ha establecido hasta el momento que alguna persona en específico sea quien los instigue para realizar estas conductas", puntualizó.
Ríos Garza destacó que los actos violentos iniciaron el 1 de diciembre de 2012, cuando Enrique Peña Nieto tomó protesta como Presidente de la República y se han repetido en diferentes marchas y fechas significativas en la historia de México.
El más reciente culminó con el incendio de un Árbol de Navidad, ubicado en el cruce de Paseo de la Reforma y Avenida de los Insurgentes.
Por ese caso fue detenido y consignado ante un Juez del Reclusorio Norte a Luis Fernando Bárcenas Castillo; la PGJDF lo acusa de la presunta comisión de los delitos de ataques a la paz pública y asociación delictuosa considerados graves, por lo que no obtendrá libertad bajo caución.
El procurador Ríos afirmó que el mensaje de la autoridad y principalmente la que administra la justicia, es que este tipo de actos no se deben cometer, por lo que aquellos que fueron puestos a disposición de la Procuraduría capitalina por este tipo de eventos se les ha llevado a juicio.
"Han sido puestas y hasta sujetas a un proceso ante un juez penal, nosotros continuamos con las investigaciones, en ninguno de los casos se han cerrado las averiguaciones previas, nosotros continuamos con las indagatorias para que dar con las personas que hayan participado y sean puesta a disposición de un juez penal", indicó el procurador en entrevista.
Añadió que por el incendio del árbol de Navidad, la empresa refresquera que lo instaló no interpuso querella, por lo que la investigación se realizó de oficio.
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