Desde la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, se lanzó la advertencia al Partido de la Revolución Democrática (PRD), ha sido "chamaqueado" con la consulta popular y a través de ese mecanismo no podrá revertir la reforma energética.
El diputado Fernando Rodríguez, secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, subrayó que fueron los propios perredistas los que hicieron inoperante la consulta, al aprobar con su voto a favor, que el Presidente de la República participe como promovente de esos ejercicios y a través de la publicidad en tiempos oficiales, pueda defender sus políticas públicas.
En tanto, el vicecoordinador del PRD, Miguel Alonso, reviró al PAN al asegurar que la reforma energética si es materia de la consulta popular.
También aprovechó para lamentar el "cobro de factura" y la "venganza" que quiere aplicar a la izquierda el ex consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, quien ha afirmado que se está "engañando" a la población con que la consulta funcionará.
Por los panistas, el diputado Fernando Rodríguez lamentó que el PRD insista en desinformar a la ciudadanía, al asegurar que se podrá dar marcha atrás a la reforma a través de la consulta, ya que de acuerdo a la Ley Federal de la Consulta Popular, aprobada la semana pasada en San Lázaro y que luego se atoró en el Senado, solo las reformas secundarias podrían ser sometidas a la opinión ciudadana, más no una reforma constitucional.
El legislador panista apuntó que aunado a ello, será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la instancia encargada de determinar si las consultas son "constitucionales" y por lo tanto, procedentes.
Tajante, Doval calificó como "torpes" a los legisladores del Sol Azteca, al avalar que el Presidente participe en las campañas informativas y de promoción de la consulta, aunque estas corran a cargo de la autoridad electoral.
"De hecho, es el aspecto más negativo de esta ley, porque el Ejecutivo Federal podrá utilizar durante las campañas electorales los tiempos oficiales de radio y televisión, con el pretexto de promover la consulta. Los panistas lo advertimos, los perredistas no nos hicieron caso", recalcó.
También acusó "ingenuidad" en el perredismo, al no establecer de manera expresa en la normatividad, que las reformas constitucionales podrán ser sometidas a consideración de la ciudadanía.
Enfatizó que pese a ser los principales negociadores del ordenamiento, no hayan procesado bien el tema ni cubierto todos los frentes legales que pudieran invalidar la consulta en el asunto energético.
El legislador dijo coincidir con el ex presidente del IFE, en cuanto a que la izquierda está haciendo creer de manera errónea a los votantes, que podrán opinar sobre lo aprobado la semana pasada en el Congreso, cuando por tratarse de modificaciones constitucionales, no tendrán nada qué hacer en el 2015.
Recalcó que aunque la ley no prohíbe consultas en torno a cambios a la Carta Magna, tampoco señala que está permitido, por lo que el asunto quedará a la consideración de la Suprema Corte.
A ello se suma, agregó que los efectos vinculantes de la consulta tampoco pueden alcanzar reformas constitucionales, que para ser válidas requieren también del visto bueno de los congresos estatales, en tanto que en el texto de la normatividad, no se establece que la consulta tendrá consecuencias revocatorias.
"La consulta popular no puede sustituir el proceso ordinario de reforma constitucional previsto en el artículo 135, la consulta no sustituye en modo alguno al Constituyente Permanente integrado por el Congreso de la Unión federal y la mayoría absoluta de congresos locales", resaltó Rodríguez Doval.
Por el contrario, el vicecoordinador perredista, refutó las declaraciones de Ugalde Ramírez, al acusarlo de querer "cobrar facturas" pendientes con la izquierda, tras su salida del IFE, a causa de su "pésimo" desempeño.
El diputado Alonso Raya advirtió que el perredismo seguirá trabajando para promover la consulta popular en 2015, tras argumentar que el inciso 3 de la fracción VII del artículo 35 de la Constitución, señala expresamente los casos en que no aplica el mecanismo de participación ciudadana.
"No podrá ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral: los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada Permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad en materia de la consulta", refirió.
De modo que no hay más limitantes a la herramienta de consulta, insistió Alonso Raya, al recalcar que quienes como el ex presidente del IFE cuestionan ese mecanismo, solo demuestran su "frustración y coraje" por haber tenido que dejar el cargo.
El legislador del Sol Azteca añadió que la ley reglamentaria de la consulta, a consideración del Senado, tampoco dice que la reforma constitucional en materia energética es "intocable", sino que tendrá como objeto los actos legislativos del Congreso y los actos administrativos del Ejecutivo Federal, siempre que sean de trascendencia nacional.
Subrayó que para la izquierda, la "trascendencia nacional" engloba decisiones gubernamentales, que repercutan en la mayor parte del territorio nacional, impacten de manera significativa a la población, que propónganla creación, modificación o eliminación de políticas públicas; la creación de nuevas leyes y modificaciones legales que afecten a los mexicanos en su conjunto.
La ley secundaria, abundó Alonso Raya, indica que las cámaras del Congreso están facultadas para verificar que las peticiones de consulta cumplan los requisitos legales, luego, deberán turnar las solicitudes a la Suprema Corte, para que esta resuelva sobre su constitucionalidad y no hay disposición alguna que prohíba consultas en el asunto energético, insistió.
FGR
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