Aumenta investigación vs Alejandra
Sota por tráfico de influencias
Osvaldo Martínez/ Lourdes Aguilar/ Ángel Iturralde
Ahora que termina el 2013 la exvocera presidencial Alejandra Sota se desmarcó de la lista de los mexicanos más corruptos difundida por la revista Forbes. Sota subió a su cuenta de Twitter dos cartas –una en inglés y la otra en español–, en las que advierte que la corrupción no es cuestión de percepciones sino de hechos.
"Como lectora de Forbes fue indignante leer un blog con tan poco apego a los estándares de calidad periodísticos más elementales como el firmado por la señora Dolia Estévez bajo el título 'Los 10 mexicanos más corruptos de 2013".
El artículo –dice– no hace más que desprestigiar la tradición que Forbes ha construido al emplear métodos de investigación periodística serios para crear listas que se han convertido en fuente primaria para el análisis de diversos temas".
La becaria del programa Edward Mason en la Universidad de Harvard prosigue:"El artículo se basa en supuestas opiniones de un número indeterminado de fuentes anónimas en lugar de considerar hechos susceptibles de ser demostrados y acusaciones sujetas de ser probadas. En la nota, su colaboradora refiere haber usado información proveniente de académicos y colegas. Esa metodología carece de rigor profesional y periodístico. La corrupción no es una cuestión de percepciones, es un asunto de hechos".
Asimismo, afirma que Estévez "no puede explicar cómo llegó a sus conclusiones, probablemente su historia no es producto de una investigación sólida, sino que se trata de una opinión política sin soporte alguno".
Y remata: "La investigación citada sobre mi desempeño como servidora pública se basa únicamente en lo que ha sido publicado en la prensa y no en un proceso administrativo, ya no se diga penal. El blog me acusa sin ofrecer prueba alguna. Mi reputación ha sufrido un daño considerable y Forbes ha sido utilizada como un instrumento de una revancha política".
En el caso de Alejandra Sota Miraflores están incluidos ex funcionarios panistas como es el caso de Max Cortazar y Carlos Olmos Tomasini, el primero ex vocero de presidencia y el segundo operador de las campañas publicitarias en la Secretaria de Salud entre 2010 y 2012 quien es investigado junto al empresario Naim Libien Kaui por asuntos relacionados a un autosecuestro y por supuestos beneficios que este obtuvo cuando Olmos Tomasini estuvo en la Secretaria de Salud. Esto incluye un supuesto caso de extorsión en contra de Olmos Tomasini por 20 millones de pesos.
En este sentido y ante las acusaciones el líder nacional del PAN, Gustavo Madero, pidió a la Secretaria de la Función Pública actúe "con estricto apego a derecho y que busque una imparcialidad y un cumplimiento puntual de las disposiciones legales" en la investigación que realizan a la ex vocera presidencial, Alejandra Sota Mirafuentes, por conflicto de intereses al beneficiar a sus amigos y ex colaboradores con contratos.
En conferencia de prensa, Madero indicó que el PAN pide que se esclarezca y se aclaren las acusaciones antes de "juzgar". "Por lo que hablan de la investigación en la Secretaria de la Función Pública no tengo más que conocimiento periodístico y el PAN mantendrá la posición de buscar que se esclarezca y se aclaré cualquier procedimiento pero nunca juzgar, no podemos prejuzgar hasta que no haya investigación y conclusión y a la autoridad lo que le pedimos es que actúe con estricto apego a derecho y que busque una imparcialidad y un cumplimiento puntual de las disposiciones legales", detalló.
EL TRÁFICO DE INFLUENCIAS
De acuerdo con una investigación periodística, la Secretaría de la Función Pública (SFP) tiene abierta una indagatoria en contra de la ex funcionaria por los presuntos delitos de peculado y tráfico de influencias.
Sota Miraflores –quien desde julio pasado acude como becaria del programa Edward Mason a la escuela de gobierno John F. Kennedy, pese a no haber concluido la carrera de Ciencia Política en el ITAM– es investigada porque supuestamente favoreció a amigos y ex compañeros de esa institución educativa en el otorgamiento de contratos desde Los Pinos.
Con base en información obtenida de la SFP y del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), el diario consigna que la ex vocera presidencial presuntamente encabezó un grupo de amigos y colegas universitarios que se habrían coludido durante el sexenio de Calderón en beneficio a una sociedad llamada Defoe Experts on Social Reporting y de la empresa Milenio Consultores.
Ambas firmas eran propiedad de José Alonso Arango Pérez y Yamil Nares Feria, quienes fueron compañeros de estudios de Sota en el ITAM.
A las dos empresas se les habrían entregado, de acuerdo con las primeras informaciones, 45 millones de pesos durante tres años, desde mediados de 2009 hasta noviembre de 2012, en contratos con la Presidencia, el IMSS y la Secretaría de Gobernación.
En el caso de Los Pinos, el grupo canalizó siete contratos a Defoe, sociedad civil dirigida por Yamil Gustavo Nares Feria, quien incluso ostentó el cargo de subdirector de Opinión Pública en la Presidencia de la República.
En julio de 2010, Sota ocupó el cargo de vocera presidencial en sustitución del panista Max Cortázar, quien trabajó con Felipe Calderón desde la campaña presidencial de 2006. Cortázar tampoco tenía título universitario.
LA OTRA INDAGATORIA
De acuerdo con las indagatorias de la Secretaría de la Función Pública, en los ejercicios de 2010 y 2012 la Dirección General de Comunicación Social de Salud superó las autorizaciones presupuestales giradas por el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación. Estas eran ordenadas desde la vocería de la Presidencia de la República, por Maximiliano Cortázar y Alejandra Sota, respectivamente.
Al margen de la auditoría trascendió en la SFP que sin contar con "suficiencia presupuestaria", en 2010 y 2012 el funcionario firmó 629 contratos con diversos medios de comunicación, mismos que constituyeron dos sobregiros por más de 797 millones de pesos.
Ha trascendido que las auditorías se centran en el gasto de las campañas publicitarias para los ejercicios de 2010, 2011 y 2012. Tan sólo en ese trienio, la dependencia –entonces encabezada, sucesivamente, por José Ángel Córdova y Salomón Chertorivski– gastó 4 mil 605 millones 802 mil pesos en publicidad oficial, revela la Secretaría de Gobernación en la respuesta a la solicitud de información ciudadana 0000400091513.
En el caso del primer sobregiro, el expediente 2012/SS/DE186 señala que se investigan a los servidores públicos que, por actos u omisiones en su gestión, "formalizaron 369 contratos por 480 millones 171 mil pesos de las tres campañas en los meses de junio, septiembre y noviembre de 2010 sin contar con suficiencia presupuestara".
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