La Asamblea Legislativa aprobó reformas a la Ley de Prestaciones de Servicios Inmobiliarios del Distrito Federal, para dar certeza y seguridad jurídica a quienes compran, venden, rentan o administran bienes inmuebles.
Los profesionales del sector que no acaten la ley serán acreedores a multas del 50 al 100 por ciento de la cantidad obtenida del pago por los servicios prestados, y arrestos administrativos hasta por 36 horas que podrá ser conmutable.
En entrevista, el diputado Héctor Hugo Hernández señaló que la nueva legislación tiene también el objetivo de otorgar a las autoridades armas para poder sancionar a quien actúe con impericia, causando daños a una persona determinada.
Se busca que el público pueda identificar plenamente a los prestadores de servicios inmobiliarios y que el gobierno pueda intervenir para evitar en lo posible los abusos, engaños y otros hechos constitutivos de delitos que afectan a los usuarios, enfatizó el legislador perredista.
Hernández aseguró que es importante regular la actividad de los prestadores de servicios inmobiliarios de una manera adecuada al contexto jurídico y social que se vive en la ciudad, donde anualmente se llevan a cabo más de 11 mil operaciones de compraventa de inmuebles para casa habitación.
El legislador perredista precisó que las actividades inmobiliarias de compraventa y arrendamiento de inmuebles por casa habitación, de comercio y oficina representan transacciones por más de 16 mil 500 millones de pesos anuales.
Por ello, con estas reformas se da al Gobierno del Distrito Federal mecanismos necesarios y adecuados para logra mayor control respecto de los prestadores de servicios inmobiliarios, y poder sancionar a quien actúe con dolo en perjuicio de los ciudadanos, subrayó.
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