El pasado 16 de Noviembre del año en curso, el Juez XVI de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, Juez Jacinto Ramos Castillejos, dictó nuevamente un auto de formal prisión en contra de Brenda Quevedo Cruz, por el secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda, además del delito de Delincuencia Organizada.
Lo anterior obedece a que con fecha 22 de Octubre del año en curso, la inculpada Brenda Quevedo Cruz había obtenido un Amparo contra el auto de formal prisión, otorgado por el Juez XIII de Distrito en materia de Amparo, tras haberse percatado de que el Juez II de Distrito de Procesos Federales en el Estado de México, cuando le dicto ese primer auto de formal prisión el 28 de Septiembre del 2009, aplicó la norma Federal en lugar de la Local.
Sin embargo, en Junio 2010 se generó la jurisprudencia No.45/2010 que sostiene que se debe juzgar el Secuestro con el Código de Procedimientos Penal local y por este criterio se aplicó la retroactividad.
Es decir, por tecnicismos jurídicos estamos iniciando nuevamente el proceso después de prácticamente tres años de que le dictaron Formal Prisión a una de las secuestradoras de mi hijo.
Por ello, consideramos prioritario que sigamos impulsando la Reforma al Sistema de Justicia, contemplado en la Reforma Penal Constitucional, pues justamente uno de los beneficios que implica el nuevo sistema de Penal Acusatorio es que confiere simplicidad, transparencia y rapidez a todo el proceso.
Con el sistema actual, las víctimas estamos expuestas a que los vericuetos del proceso generen situaciones que nos alejan de la justicia y nos ponen en un mayor grado de indefensión.
En el caso particular del secuestro y homicidio de Hugo Alberto a siete años y 4 meses de distancia seguimos sin tener una sentencia en primera instancia, contra Jacobo Tagle Dobin y Brenda Quevedo Cruz.
Queremos hacer un respetuoso llamado al Poder Judicial a fin de que se agilicen los tiempos en los procesos penales.
Al presidente electo, Enrique Peña Nieto y a todos los Gobernadores, para que muestren la voluntad política necesaria para hacer realidad en el corto plazo la Reforma Penal.
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