Andrés Manuel López Obrador, anunció que el candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, se benefició con recursos de procedencia ilícita durante el periodo de campaña que recién culminó. Este medio día, el candidato presidencial de la izquierda expuso que su oficina de campaña recibió información en la que se acreditaría el manejo de esos recursos a través de empresas como Atama, Koleos, Tiguan, e Inizzio y una persona física de nombre Rodrigo Fernández. Jaime Cárdenas, integrante del equipos de abogados que presentaron el juicio de nulidad de la elección presidencial ante la autoridad electoral, describió las actividades de cada una de las empresas presuntamente ligadas al manejo de los recursos referidos. Advirtió que si la autoridad electoral no da cauce a las pruebas por ellos presentados, estarían incurriendo en delito de complicidad. Sobre las empresas Tiguan y Koleos, dijo el abogado Cárdenas, se descubrió que fueron constituidas el mismo día ante el mismo notario. A decir del abogado, el delito por lavado de dinero se constituye por la violación al artículo 400 bis de código penal federal que establece el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en los siguientes términos: se impondrá de cinco a 15 años de prisión y de mil a cinco mil días de multa al que por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas: adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, invierta dentro del territorio nacional recursos de carácter ilícito. El argumento que expuso Jaime Cárdenas es que los recursos de las empresas Inizzio, Efra, Tiguan realizaron operaciones con Monex con el propósito de ocultar la procedencia de recursos, por que con los recursos de origen delictivo se alientan al menos cuatro violaciones a la ley electoral. En una larga exposición -que aún continúa- se advierte que los domicilios fiscales de las empresas en cuestión son falsos, fantasmas e inexistentes. |
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