Salen a flote corruptelas de fiscal de asuntos especiales PGJDF Margarita Vázquez utiliza su fuero para proteger a grupos delictivos incrustados en el gobierno Redacción Un rosario de anomalías y corruptelas se dan en la fiscalía central de investigaciones para delitos especiales y electorales a cargo de Margarita Vázquez Sánchez, por lo que la Visitaduría de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) a cargo de Miguel Ángel Mancera, inició una investigación interna y en contra de varios agentes del Ministerio Público que forman parte del equipo de la fiscal, ante la posibilidad de que estén incurriendo en delitos contra la administración de la justicia y cohecho, ya que presuntamente se coludieron para violar la ley. En uno de los casos conforme a la averiguación previa FRVT/ORIENTE/T-1/160/10-03 el ministerio público Javier Espinosa Martínez se ha negado a realizar diligencia alguna de un operativo donde se aseguraron 150 toneladas de autopartes y 229 folders conteniendo diversas facturas que no cuentan con reporte de robo como lo informó el fiscal Germán Gabriel Korber Brito, pero lo más extraño es que solo aparecen el desperdicio de dichas autopartes y el MP se ha negado a certificar dicha circunstancia. Los hechos ocurrieron el 31 de marzo del año pasado en donde el MP (ministerio público) Guillermo Zamora Contreras aseguró las susodichas 150 toneladas de autopartes con reporte de robo según señaló que al comparecer ante el juzgado vigésimo tercero penal declaró "que no sabía por qué aparece mi nombre , lo desconozco, no participé en dicha diligencia, ya que en ocasiones falta un MP y me llaman, pero en esa diligencia no estuve", a pesar de que reconoció estar adscrito a la unidad investigadora 3 robo al transporte y por si fuera poco desconocer su firma en dicha diligencia. Cabe resaltar que el 28 de marzo del año pasado el juez 23 penal decretó prescrita la acción punitiva del caso y por si fuera poco en acta circunstanciada que motivó el cateo no fue firmada por el MP y por personal de derechos humanos En otro caso, la Visitaduría investiga a la fiscal Vázquez en respuesta a una queja que presentó un empresario mexicano ante la Visitaduría de la PGJDF. El quejoso denunció a principios de este año al notario público 123, Gabriel Benjamín Díaz Soto, por el delito de fraude y falsedad de declaraciones, según consta en la averiguación previa FAE/A/T1/00207/11/07, pero hasta el momento la fiscal Vázquez se ha negado a consignar penalmente al inculpado. El empresario Domenico Quadrini D'Orazio, ex dueño de la distribuidora CM Acero, resaltó que presentó la queja contra la fiscal Margarita Vázquez porque "mis abogados ya acreditaron, con pruebas documentales y periciales, que hay la probable responsabilidad del notario Díaz Soto en los delitos de fraude y falsedad de declaraciones". En ese acto jurídico constaba que el empresario había aceptado el 17 de enero y el 15 de febrero de 2008, en el interior del Reclusorio Sur, que tenía un adeudo con Hanono y Cherem por 4 millones 764 mil pesos. En esa escritura pública la abogada Bárbara Castro firmó como testigo. Según consta en ese documento notarial, la escritura fue firmada por Quadrini en la cárcel. Sin embargo, este último logró demostrar, mediante la lista de visitantes al reclusorio y otros documentos oficiales, que los días 17 de enero y 15 de febrero de 2008 no recibió visitas. Aunque esas pruebas un juez podría librar una orden de aprehensión, están en poder de la PGJDF desde hace por lo menos seis meses, la fiscal Margarita Vázquez Sánchez se ha negado a ejercitar acción penal contra el notario público 123 y contra sus coacusados. |
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