Los hermanos Jorge Alberto y Raúl Rocha Cantú, sus clientes, son también víctimas de esta tragedia, y no son los responsables de la muerte de estas personas.Monterrey, N.L.- Más caos se originó en el caso del Casino Royale, donde muriesen 52 civiles a manos del hampa, pues el apoderado legal de los dueños de este establecimiento, Juan Gómez Jayme, reveló que la empresa CYMSA responsabiliza de la tragedia a Atracciones y Emociones Vallarta.
El jurídico de los copropietarios, los hermanos Jorge Alberto y Raúl Rocha Cantú, dijo que sus clientes son también víctimas de esta tragedia, y no son los responsables de la muerte de estas personas.
Por lo que demandó al Estado aplicar la responsabilidad social de apoyarlos en resolver la situación y no empeorar la situación, dejando entrever que sus clientes podrían ser víctima del rechazo social por estos hechos.
En una entrevista larga y donde surgieran más dudas que aclaraciones, el también ex representante legal del PRI en Nuevo León expresó que él como apoderado legal habrá de dar la cara por los dueños de dicho centro de apuestas y expresó que su sentir, jurídica y moralmente no se pueden hacerse responsables de estos hechos, pues también son víctimas de la situación.
Aclaró que la empresa CYMSA Corporation es la operadora del Casino Royale, pero esta acusa de incumplimiento de contrato a la empresa Atracciones y Emociones Vallarta, propietaria del permiso con el que abrió la casa de apuestas en el año 2007.
Según el jurista luego del deslinde público de la empresa permisionaria, el contrato de asociación que firmaron para operar el casino aún está vigente, pues ninguna autoridad ha decretado lo contrario.
Por ello dijo que aunque la permisionaria anunció en 2008 a la Secretaría de Gobernación que operaría su permiso en otro establecimiento ubicado en el sector Cumbres.
Así expresó que es necesario que la autoridad determine cuál de las dos casas de apuestas opera de manera ilegal y más aún porque sostuvo, "CYMSA Corporation no es responsable de la masacre del jueves pasado en el que 52 personas perdieron la vida, sino que es una víctima más de la irrupción del grupo armado que prendió fuego a sus instalaciones".
El abogado comentó igualmente que el casino contaba con el aval de Protección Civil estatal, y negó que el local no contara con salidas de emergencia o estas estuvieran trabadas o cerradas como se ha ventilado públicamente.
Sobre la clausura que este año aplicara el Municipio de Monterrey, el abogado sostuvo que se trató de un acto ilegal, y defendió la suspensión con la que el Tribunal Contencioso permitió que siguiera la obra pues el casino buscaba extenderse a un local contiguo, argumentando que no requerían permiso municipal porque se trataba de una simple remodelación de un inmueble ya existente.
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