Matìas Pascal
Con todo el alboroto de las alecciones poco se dieron cuenta que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinaron de manera unánime que el decreto presidencial que ordenó la desaparición de Luz y Fuerza del Centro es constitucionaímente válido. Ex trabajadores de la compañía promovieron un juicio de amparo ante el máximo tribunal, con el argumento de que el Congreso de la Unión era el único facultado para ordenar la extinción de la firma mediante un decreto, por lo que el presidente Felipe Calderón había invadido la competencia de los legisladores. "El Presidente sí está facultado para desaparecer a la compañía", concluyeron los ministros. Llamó la atención que para el ministro ponente Juan Silva Meza, el Congreso delegó en el jefe del Ejecutivo la facultad para desaparecer a la empresa: "La Ley Federal de Entidades Paraestatales señala que el Presidente puede extinguir ese tipo de organismos cuando dejen de
cumplir con los fines para los que fueron creados o cuando no resulten económicamente viables". Ante estas resoluciones pocas son las defensas....
......El Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ha reiterado que en un plazo de año y medio será posible la cabal puesta en marcha de la nueva Ley de Protección de Datos. La nueva ley modifica el nombre del IFAI por el de Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, como la autoridad garante en la materia, y estableció enero de 2012 como plazo para el pleno ejercicio de este derecho. En estos 18 meses el instituto promoverá el trabajo coordinado con el sector privado y las autoridades reguladoras, para la aplicación y resguardo de este derecho. La nueva ley protege a todos para que los datos no sea mal utilizados, ya que nadie podrá hacerlo con fines distintos a los originales para los cuales fueron recabados. Asimismo garantiza el derecho de las personas a decidir de manera libre e informada sobre el uso que el sector privado debe dar a la información, a partir de principios reconocidos internacionalmente
y cuyo eje rector es el consentimiento.
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